Víctor M. Quintana S.
Mal termina el sexenio del juvenicidio, el
de los 7 millones de jóvenes excluidos del estudio y del empleo, cuando
mal comienza el nuevo sexenio criminalizando, golpeando, encarcelando
precisamente a los jóvenes que manifiestan su indignación por toda la
cauda de agravios sufridos, incluyendo ahora el de un gobierno impuesto
por el dinero.
El haz es el Pacto por México firmado allá en las alturas, donde
apenas llega o se acalla el rumor de las inconformidades. El envés es la
batalla de la Alameda, los jóvenes golpeados, detenidos, consignados en
el Distrito Federal y en Guadalajara. Arriba se imponen los pactos;
abajo, los impactos.
Mientras cunde la euforia por el acuerdo cupular, queda muy claro que
al mismo tiempo que incluye, excluye. Quienes se incluyeron se sienten
con el derecho de arremeter contra quienes no quieren o ni siquiera son
tomados en cuenta para incluirse. Así, el inicio represor en las calles
de la ciudad de México alienta opciones autoritarias por varios lados:
envalentonado por la hegemonía priísta y el despliegue policiaco de
fuerza, el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, lanza la
iniciativa de instaurar la pena de muerte para el secuestro agravado
ahora que se van a unificar los códigos penales de todo el país. En
Morelos, gobernado por uno de los gobernadores pactistas, la policía
estatal detiene a cuatro dirigentes de la comunidad de Jaltetelco que se
oponen al proyecto del paso de un gasoducto. En las cámaras avanzan las
iniciativas de reforma a la Ley Agraria y a la Ley de Administración
Pública Federal que desmantelan el entramado institucional que protege
la propiedad de ejidos y comunidades y abren la vía para la apropiación
de sus territorios y recursos naturales por compañías mineras,
turísticas, de energías renovables o inmobiliarias. Reformas legales
profilácticas para que no cundan los atencos, benitojuárez, zautlas,
etcétera.
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