Gilberto López y Rivas
El gastado ritual de
toma de protesta del nuevo encargado del Poder Ejecutivo federal,
Enrique Peña Nieto, se desarrolló el primero de diciembre conforme a lo
previsto, incluyendo el extenso e ilegal cerco policiaco-militar en
torno a la Cámara de Diputados que instituyó una suspensión de garantías
de facto, la represión brutal de la protesta ciudadana en
varias ciudades del país, con sus secuelas de heridos graves y
detenciones indiscriminadas (los primeros presos políticos del sexenio),
que ya forman parte de estas alternancias gatopardistas en las que todo
cambia para seguir todo igual. En apresurada ceremonia, la banda
presidencial pasó de quien impuso una guerra contra el pueblo que
provocó más de 80 mil muertos, miles de desaparecidos y desplazados y un
desastre en todos los ámbitos de la vida nacional, a un individuo
autoritario que representa el retorno de un régimen regresivo marcado
igualmente por la violencia, la corrupción, la impunidad y la defensa a
ultranza de los intereses del capital y del imperio.
Ese mismo día, mientras los halcones renovados, los gases
lacrimógenos y las macanas se hacían cargo de quienes ejercían el
legítimo derecho de manifestarse, en el Campo Marte se refrendaron las
rutinas protocolarias que establecen la entronización de un nuevo jefe
supremo de las fuerzas armadas de ocupación, con vacuas ceremonias
castrenses en las que se juramentó la lealtad militar al orden impuesto
por la defraudación electoral, las instituciones violatorias de la
Constitución y los poderes fácticos de las corporaciones, incluyendo la
delincuencia organizada y los medios de comunicación masiva.
En el otro espectro de la realidad nacional y pasando casi
inadvertido por la dictadura mediática, un nuevo grupo armado anunciaba
su aparición pública con un Comunicado Revolucionario No. 1, firmado
bajo las siglas de Ejército Popular Magonista de Liberación Nacional.
Fechado el 30 de noviembre, el comunicado del EPM-LN se inicia con dos
epígrafes que sustentan el derecho a la rebelión, uno de la autoría de
Ricardo Flores Magón y el otro consagrado en el artículo 39 de la
Constitución. Sostiene que su conformación responde a la imposición de
Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República, a través del
fraude electoral, el cual repudia, y exige respeto a la voluntad
popular. La nueva organización armada afirma que
varias organizaciones, grupos y comandosque reivindican el magonismo, a partir de un profundo proceso de discusión política, decidieron constituir el EPM-LN,
después de varios años de clandestinidad y con un sólido trabajo político de masas en varios estados del país. Denunciando a lo que consideran una
dictadura policiaco-militar, los asesinatos políticos, las desapariciones forzadas y la criminalización de la protesta social y los luchadores sociales, afirman surgir
para detener con nuestro accionar político-militar la creciente ola represiva contra el pueblo y sus organizaciones. Al igual que otras organizaciones armadas del país, reivindican la memoria de las masacres del 68, del 71, las de Aguas Blancas, Acteal y El Charco, y sostienen no olvidar la guerra declarada contra el pueblo en el pasado, pero también hacen mención a las represiones recientes de los jóvenes del movimiento #YoSoy132 y los normalistas de Michoacán. Proponen, por último, entre otras acciones políticas y militares:
profundizar la resistencia popular en todo el territorio nacional y pasar a la ofensiva, impulsar la resistencia popular de masas, acelerar la construcción de policías comunitarias y de gobiernos autónomos, tomar en nuestras manos el destino de nuestros pueblos, declarando que su lucha es por la liberación nacional y la construcción de una nueva patria sin explotados ni explotadores.
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