Tres presidentes, tres

Por Ricardo Monreal Avila

En México tenemos tres personas que reclaman la misma denominación de origen: “Presidente de México”.

Vicente Fox, que lo fue del 2000 al 2006, exige en público y en privado se le siga llamando “Presidente Fox”. En su diccionario no existe el prefijo “ex”. Felipe Calderón, con el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el brazo, se denomina “Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos”. Y Andrés Manuel López Obrador, quien en una ceremonia en el zócalo de la Ciudad de México, el 20 de noviembre del 2006, fue declarado “Presidente Legítimo de México” por la Convención Nacional Democrática.

El IFE prohibió utilizar en la propaganda oficial el término “Presidente Legítimo” y, además, multó con 731 mil pesos al PRD y PT por haber usado el término en sus promocionales políticos. Los argumentos fueron básicamente tres: se denuesta a la institución presidencial, hay afectación a un tercero (el titular del Poder Ejecutivo federal) y se busca cuestionar la legitimidad de quien detenta actualmente el cargo. Sucede que los mismos argumentos se podrían aplicar al expresidente Vicente Fox, pero el IFE ha decidido por ahora actuar únicamente contra López Obrador. Con una visión estrictamente formalista del Derecho, la autoridad electoral cree poner fin a uno de los problemas de origen de la actual institución presidencial, el relativo a la legitimidad de su naturaleza e investidura.

En un Estado de Derecho Democrático, lo legal es legítimo. La legitimidad significa “lo que es conforme a las leyes, lícito, cierto, genuino y verdadero en cualquier línea”. La pregunta es: ¿somos en verdad un Estado de Derecho Democrático, como para considerar que lo legítimo es legal, y viceversa? Por supuesto que no. En términos históricos, culturales, sociales y cívicos, en nuestro país tenemos razones de sobra para dudar de la visión formalista a ultranza que equipara la Ley con la Justicia. La ley es la aplicación de una norma vigente. La justicia, en cambio, es “dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece”.

¿Cuántas leyes son injustas? Es decir, ¿cuántas veces lo legal se utiliza para despojar a alguien de lo que le corresponde o pertenece? La más de las veces. Lo normal es la ley ruda y dura, no justa; la aplicación discrecional, no universal; el abuso en nombre de la ley, no la procuración de lo legítimo.

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