Julio Pimentel Ramírez
A pesar de los esfuerzos del gobierno espurio y sus corifeos de la mayor parte de los medios de comunicación por ocultar y tergiversar la realidad, las ondas expansivas de la crisis de la economía estadounidense que afectan a todos los continentes del orbe -no podía ser de otra manera en la actual economía globalizada- se dejan sentir cada día con mayor intensidad en México y sus efectos recaen con mayor impacto en los sectores sociales que dependen de ingresos limitados o salarios declinantes, que cada día pierden mayor poder adquisitivo.
En estos días se reúne en Japón el G-8, integrado por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Rusia y Japón, al que asisten como invitados países de las llamadas economías emergentes (entre ellos México, una de las piezas fundamentales en América Latina de la estrategia neoliberal estadounidense para nuestro subcontinente), cita en la que las economías dominantes del orbe con gran cinismo y relativo realismo se pronuncian por instrumentar medidas que “enfríen” tanto al Planeta como a los precios de combustibles y alimentos.
En reuniones anteriores los gobiernos encumbrados en el centro del poder capitalista han prometido canalizar recursos económicos relativamente cuantiosos para combatir la pobreza por ellos generada. Sin embargo los países africanos, la región del mundo más golpeada por el flagelo del hambre, se quejan de las promesas incumplidas por la élite del G-8.
Cabe observar que mientras al militarismo se destinan cifras multimillonarias -por ejemplo Estados Unidos presupuestó para el próximo año más de 160 mil millones de dólares para sus guerras de conquista- en el 2005 el Grupo de los Ocho aseguró que para el 2010 la ayuda para atenuar el efecto de la crisis alimentaria en las 59 naciones más afectadas llegaría a 50 mil millones de dólares.
Mientras tanto, en México, uno de los sectores sociales que ha sufrido los efectos devastadores de una crisis cuyo ciclo ha comenzado ya pero que no sabemos cuándo concluirá, es el que depende en gran parte de las remesas que les envían los mexicanos que laboran “ilegalmente” en Estados Unidos.
Informes del Banco de México señalan que las remesas enviadas a sus familiares por los trabajadores mexicanos en el exterior resintieron una caída anual de 5.9 por ciento en enero de este año, la mayor disminución porcentual observada desde el inicio formal de su registro en enero de 1995. Esto en el contexto de un progresivo deterioro de la actividad económica y el empleo en Estados Unidos, así como de crecientes dificultades para que los trabajadores inmigrantes encuentren ocupación en ese país.
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