La reforma energética, ¿constitucional o no?

Javier Jiménez Espriú

Lo planteado en los artículos cuarto y sexto de la iniciativa de la ley reglamentaria del 27 constitucional, y 45 y 46 de la propuesta de nueva ley orgánica de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otros –aunque no lo aceptan los defensores del proyecto–, es la autorización para suscribir contratos de riesgo por asignación directa, e incluso confidencial, con remuneraciones discrecionales e incentivos, o condicionados a la generación de ingresos para cubrir los costos del proyecto; o sea, un mecanismo para compartir la renta petrolera.

Si no son contratos de riesgo los que proponen, ¿nos estaban engañando cuando nos decían que no había otra forma de obtener la tecnología que compartiendo los resultados?, ¿o nos engañan ahora al decirnos que no hay en la iniciativa contratos de riesgo y los están disfrazando?

La verdad es que nos engañaron antes con la amenaza y nos quieren engañar ahora con el disfraz. Sí se puede contratar la tecnología sin compartir una sola molécula del hidrocarburo, y sí hay contratos de riesgo en las iniciativas.

El documento del Banco Mundial titulado Creando las bases para el crecimiento equitativo de México, 2006-2012, entregado a nuestro gobierno antes del envío de las iniciativas al Senado, dice en lo relativo a energía que “aunque la condición de Pemex como monopolio de Estado está garantizada en la Constitución, sería necesario encontrar alguna forma de asociarse con otras compañías para realizar actividades de exploración que eviten problemas de seguridad energética a futuro y que generen incentivos al trabajo eficiente en el sector. Petróleos Mexicanos carece de recursos técnicos y financieros para realizar actividades de exploración más intensas”.

El falso dilema de que no tenemos ni el dinero ni la tecnología, y por tanto debemos “ir acompañados” entregando parte de la riqueza nacional, tiene su origen, como se ve, en las oficinas del Banco Mundial y en las reflexiones de los analistas pagados para establecer el plan estratégico de los dueños del organismo internacional y garantizar la seguridad energética de los mayores consumidores de petróleo del mundo.

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