PLAZA PÚBLICA

El inseguro entorno de García Luna
Miguel Ángel Granados Chapa
13 Jul. 08

La atracción que la PGR hizo para investigar el asesinato del abogado Marcos Castillejos tiene como antecedente la relación del hoy occiso con Genaro García Luna, a quien el abogado defendió 2001

Aunque era un litigante que de manera formal carecía de vínculos directos con la seguridad pública y la procuración de justicia federales, el asesinato del abogado Marcos Castillejos Escobar está siendo averiguado en la Procuraduría General de la República y no en la del Distrito Federal como correspondería a su condición de homicidio común. La decisión se tomó quizá por la relación de la víctima con el secretario Genaro García Luna, en cuyo entorno han ocurrido otras muertes violentas en los meses recientes.

Castillejos Escobar fue defensor del hoy secretario de Seguridad Pública cuando el titular fundador de esa dependencia, Alejandro Gertz Manero, acusó en 2001 a ex jefes de la Policía Federal Preventiva (de que García Luna fue responsable del área de inteligencia) de irregularidades administrativas en la adquisición de equipo. A la eficacia profesional de Castillejos Escobar se agregó, para la exoneración de García Luna, el que el general Rafael Macedo de la Concha lo designara director de la naciente Agencia Federal de Investigación (AFI). García Luna había sido colocado de ese modo en una posición inverosímil: si en vez de quedar libre de imputaciones se hubiera ordenado su aprehensión, él mismo habría tenido que hacerse cargo de consumarla como parte de sus funciones al frente de la policía ministerial.

García Luna designó director general de investigación policial de la AFI a Luis Cárdenas Palomino, yerno de su defensor en aquella coyuntura. Y Humberto Castillejos Cervantes, hijo del abogado muerto el miércoles 9, y ahijado del general Macedo de la Concha, fue nombrado asesor en asuntos internacionales del propio procurador. Ambos, Cárdenas Palomino y su cuñado Castillejos Cervantes, serían en su momento llamados a declarar por la Procuraduría del estado de México en la averiguación del asesinato de Enrique Salinas de Gortari.

La causa de que se les interrogara fue que en el domicilio de la víctima, ultimado en diciembre de 2004 y a quien agentes de la AFI estaban presumiblemente extorsionando, se recibió una llamada de Castillejos Cervantes desde un número telefónico registrado a nombre de su padre. No se siguió de esa convocatoria ninguna consecuencia legal contra el asesor y ahijado del procurador. Cárdenas Palomino, en cambio, continuó bajo la atención del Ministerio Público mexiquense porque la oficina a su cargo tuvo una peculiar intervención en el caso.

Enrique Salinas de Gortari estaba siendo buscado por la procuración de justicia francesa, a propósito de cuantiosos depósitos en bancos de aquella nacionalidad. Giró a ese propósito un pedido de ayuda a la PGR y a la AFI. Esta agencia la canalizó a través de la dirección a cargo de Cárdenas Palomino, que destacó a varios agentes para localizar al hermano del ex presidente de la República. Lo hallaron y presumiblemente le exigieron dinero para mentir al gobierno francés negando que lo hubieran ubicado. Salinas de Gortari pidió un plazo para reunir la suma que admitió pagar y, sin embargo, fue asesinado en circunstancias que tres años y medio después no han sido suficientemente aclaradas. Lo que se supo inequívocamente es que el mismo 6 de diciembre en que se encontró el cadáver de Salinas de Gortari, de la oficina de Cárdenas Palomino se emitió a la justicia francesa la mentira pactada, según la cual nada se sabía del mexicano buscado. Sin embargo, ¡vaya que se sabía de su paradero!, porque, sin que fuera de su competencia, agentes de la AFI acudieron al lugar en Huixquilucan donde había sido encontrado el cadáver de Salinas de Gortari.

Ordenó esa movilización, y firmó el comunicado a los peticionarios franceses el jefe del grupo antisecuestros de la AFI, Édgar Eusebio Millán, quien prosiguió impertérrito su carrera al lado de García Luna, quien el año pasado lo designó coordinador de seguridad regional de la policía federal (donde actuaba de hecho como comisario, dado que la plaza está vacante). Millán fue asesinado el 8 de mayo pasado, en apariencia como resultado de una conspiración criminal incubada en el seno mismo de la Secretaría de Seguridad Pública. Cinco agentes de la policía federal están por ello bajo arraigo.

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