Narco-negocios en la elección

Lilia Arellano

Estado de los Estados

Meta: mantener al PAN en Los Pinos
Gómez Mont, estratega central

Ocultas partidas para comunicación
PAN y PRI descalifican a Tony Garza

“¿Queréis conocer a un hombre? investidle de un gran poder”.
Pitaco de Mitilene

A 17 días de cumplir apenas dos años de gobierno, la administración de Felipe Calderón dejó ya en el cesto de la basura todos los compromisos y promesas de campaña y redujo sus prioridades a un solo objetivo: mantener al Partido Acción Nacional en el poder. La estrategia para este fin se sustenta en tres planos: el electoral, es decir ganar a como dé lugar los próximos comicios federales; el social, que se traduce en amarrar la inconformidad popular para asegurar que la gobernabilidad del país pueda prolongarse lo suficiente para alcanzar ese propósito; y el judicial, que pasa por la construcción y reforzamiento del estado policiaco, así como la negociación forzada con los poderes fácticos que controlan el Crimen Organizado, que el pasado 4 de noviembre demostraron contundentemente que desbordaron el poder del Estado.
Los tres ejes de dicha estrategia tienen su vértice en el Palacio de Covián y dan una gran luz del porqué la llegada de Fernando Francisco Gómez Mont a la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Además de su gran cercanía con Felipe Calderón, este abogado de gran linaje panista ha ocupado los últimos 20 años de su vida a tres propósitos: la búsqueda del poder presidencial, los negocios y el amasamiento de fortuna, y la construcción de marcos legales que les brinden legitimidad.
En el primer objetivo, la búsqueda del poder en el terreno electoral, destaca su labor como defensor -en la oposición- de los triunfos obtenidos por su partido en distritos y municipios del país, y como arquitecto constructor en el ámbito de las reformas electorales de 1988 y 1996 que crearon el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyas actuaciones facilitaron la llegada de Acción Nacional a la Presidencia de la República en el 2000 con Vicente Fox y permitieron que en el 2006 Felipe Calderón pudiera ocupar la residencia de Los Pinos.
En segundo lugar, sobresale por su excelente labor -hay que decirlo- de defensoría legal al servicio del poder económico y político, en la escuela que hizo famosa el Jefe Diego Fernández de Cevallos, en la que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se ponen al servicio de los intereses privados. Son públicamente conocidos sus servicios a Tomás Peñaloza Web, acusado de fraude al IMSS; al banquero Carlos Cabal Peniche, ex presidente del Banco Unión, acusado de fraudes financieros; a Angel Isidoro Rodríguez Sáez, del Grupo Asemex-Banpaís, acusado de fraude por más de 34 millones de pesos; al ex director de Aeroméxico, Gerardo de Prevoisin, encarcelado por fraude; al ex director de PEMEX, Rogelio Montemayor Seguy, personaje central del Pemexgate; al ex presidente del Grupo Abaco, Jorge Lankenau Rocha, acusado de defraudar más de 175 millones a inversionistas; y al empresario Javier Moreno Valle, en el litigio de CNI Canal 40 contra TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego, entre otros sonados casos que ha llevado el despacho del que es socio fundador: Zinzer, Esponda y Gómez Mont.
También despunta su actividad como abogado externo de bancos y empresas particulares, así como asesor de embajadas. Sus ligas con el ámbito empresarial se solidifican al iniciar el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando funda el despacho Análisis y Desarrollo de Proyectos, S.C., dedicado a la consultoría jurídica, económica y política, cuyos socios fueron Manuel González Arreguí, el hombre confianza del actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, vocero oficial único y “poseedor de la verdad revelada” en torno al “accidente” o atentado del pasado 4 noviembre en contra del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y precandidato no oficial del PAN a la Presidencia de la República; José Rubén Valdés Abascal, director de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República con Salinas de Gortari; el priísta Gustavo Carvajal Isunza; además de su asociación con Guillermo Aguilar Alvarez, del despacho Aguilar Alvarez y Asociados, abogado principal de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Cabe señalar aquí su participación en la formación de leyes en materia de inversión extranjera, propiedad industrial, competencia económica, petróleo, minas, pesca y bosque.
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