John M. Ackerman
Los organismos electorales del país terminan el año igual de deslegitimados, débiles y parciales que como lo iniciaron. A comienzos de 2008 anhelábamos construir una nueva institucionalidad democrática a partir de la histórica reforma electoral y la renovación del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). Sin embargo, a unas cuantas semanas del inicio de las precampañas de 2009, ahora tenemos ante nosotros un IFE y un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) doblegados a los partidos políticos y los poderes fácticos.
Durante todo el año que hoy ve su ocaso, los consejeros y magistrados electorales fueron preparando el terreno para que la señora impunidad camine con paso firme.
Sus resoluciones respecto a los 281 mil espots huérfanos, los anuncios del Consejo Coordinador Empresarial y las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática, así como la impericia en la investigación del financiamiento de las campañas de 2006, constituyen una inconfundible muestra de que los actores políticos no serán sancionados por violar la ley durante 2009.
Las más recientes resoluciones que ambas instituciones han generado no hacen más que ratificar su alta tolerancia a la ilegalidad.
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