Los críticos, ¿enemigos del Estado?

Editorial

En la ceremonia por el aniversario 92 de la Constitución Política, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, tras mencionar “la acción destructiva de la delincuencia”, se refirió a las voces discordantes que “demeritan” en lugar de “aportar”; al “catastrofismo sin fundamento, particularmente ahora llevado a extremos absurdos, que daña sensiblemente al país, a su imagen internacional, ahuyenta inversiones y destruye los empleos”; “al alarmismo”; a “los personalismos e intereses que medran con infundadas profecías de desastre que sólo generan desaliento”; a las “actitudes protagónicas y egoístas”; a quienes, dijo, buscan “laureles a partir de socavar las instituciones democráticas”; a quienes “quisieran ver debilitada a la nación y a las instituciones”; “a quienes insistentemente buscan ignorar las capacidades del Estado, quienes quieren ver su fracaso y apuestan a él” y “trabajan cotidiana e infructuosamente por lograrlo a partir de las mismas libertades” que el Estado les garantiza y “denigran sus atribuciones, su fortaleza y su viabilidad”.

Los abundantes y enconados señalamientos contra lo que debe entenderse como una gran diversidad de voces opositoras al calderonismo son por demás preocupantes porque dan la impresión de que se ha confundido el adversario y que ahora el gobierno federal mete las posturas discordantes en la misma categoría que la delincuencia organizada. La perspectiva inocultable de tal confusión es el intento de supresión de la libertad de expresión para los disensos que resulten incómodos o molestos y la tolerancia únicamente para aquellos que, a juicio del Ejecutivo, realicen una “crítica que orienta soluciones” y un “análisis que alerte responsablemente sobre riesgos latentes”.
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