Guerrero: justicia hipotecada

JOHN M. ACKERMAN

La cruel tortura y el artero asesinato de los dirigentes indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores de los derechos humanos de la Costa Chica en el estado de Guerrero, revelan lo poco que hemos avanzado en materia de justicia y derechos humanos en el país. Los gobiernos de la alternancia, tanto a nivel federal como en el ámbito estatal, no han buscado transformar el sistema de procuración de justicia, sino que se han limitado a administrar la impunidad y la corrupción imperantes. Por su parte, el Poder Judicial se niega a abrirse al escrutinio público y receta graves dosis de impunidad en casos como los del gobernador Mario Marín y Atenco.
Las consecuencias están a los ojos de todos: el total fracaso de la mal llamada “guerra” contra el narcotráfico, el hecho de que solamente uno de cada 10 delitos son castigados, alrededor de 10 mil ejecutados en lo que llevamos de la administración de Calderón, así como la propagación de la tortura, las detenciones arbitrarias y la violación de los derechos humanos en todo el país.
El despliegue del Ejército y la incorporación de mandos castrenses en tareas de seguridad pública, lejos de resolver el problema no han hecho más que agudizarlo. Las fuerzas militares no están entrenadas para la investigación y la prevención de los delitos, sino para enfrentar a un ejército opositor en un combate armado a la luz del día. Los soldados naturalmente tampoco se caracterizan por su cultura o sensibilidad en relación con los derechos humanos y son igual de vulnerables a la corrupción que los policías. Usar el Ejército para combatir al narcotráfico es como utilizar una sierra eléctrica para realizar una cirugía de corazón. La estrategia simplemente no funciona y genera mayores daños que beneficios.
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