UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO
BOLETÍN DE PRENSA
Ciudad de México, 2 de abril de 2009
¡LUIS ECHEVERRÍA, CULPABLE DEL GENOCIDIO DEL 2 DE OCTUBRE DE 1968, AUNQUE LOS JUECES LO EXONEREN!
La investigación histórica y el juicio popular acreditan que el ex presidente Luis Echeverria Álvarez es culpable de la comisión del delito de genocidio cometido el 2 de octubre de 1968 contra un grupo de estudiantes y pobladores que demandaban democracia y libertad para México, aunque en días pasados los Tribunales del poder judicial federal le hayan otorgado la libertad con las reservas ley. A casi 41 años del 2 de octubre de 1968, los victimarios de aquellos hechos no han sido castigados ni se ha esclarecido toda la verdad.
La resolución judicial dictada por el Quinto Tribunal Colegiado y Segundo Tribunal Unitario en materia penal del primer circuito dieron otra demostración de inutilidad, al decidir que si se acredita el delito genocidio, previsto y sancionado en el artículo 149 bis del código penal federal, pero que no se acredita la responsabilidad criminal del ex presidente Echeverría Álvarez por falta de elementos de prueba, porque solamente era secretario de Gobernación. Con ello, el Poder Judicial federal abona una vez más el camino de la impunidad, al dejar de responsabilizar a funcionarios y demás miembros de la oligarquía gobernante de sus actos ilegales. La ley al servicio de los poderosos, sin importarles pasar por encima de la Constitución.
No cabe duda, que en la Plaza de las Tres Culturas se dio un genocidio cuando el ejército mexicano atacó una manifestación pacifica de jóvenes que protestaban contra los encarcelamientos y la represión. El número de muertos y heridos nunca se ha precisado, pero las investigaciones históricas han comprobado fehacientemente que se trató de una acción decidida, organizada, financiada y ejecutada desde el poder. Y que, junto con el ex –presidente Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría dirigió personalmente la represión. Así lo han revelado numerosos investigaciones, particularmente la que se coordinó precisamente desde la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que el foxismo montó de 2001 a 2006, luego manipulo y desmanteló, dejando actualmente pendiente la deuda con el pueblo de México, de conocer la verdad y castigar a los culpables. Con ello, también se acredita el fracaso de dicha fiscalía, amén de los cuestionamientos a su dirección.
La sangre inocente que se derramó en Tlatelolco no se lavará con sentencias indignas. Los magistrados y jueces son ahora cómplices de esos actos de barbarie. Con ello, no sólo dejan sin castigo a delincuentes de lesa humanidad, sino que además frustran las esperanzas de justicia de millones de habitantes de este país y pretenden con ello minimizar la gran contribución que el movimiento estudiantil popular de 1968 generó a la lucha por la democracia en nuestro país, que es un parteaguas de nuestra historia moderna.
Cuando la justicia en una nación muestra sus desatinos, como es el caso, procede entonces recurrir a las instancias internacionales. En el plano interamericano y en el de Naciones Unidas, quedan todavía mecanismos para lograr el enjuiciamiento de Echeverría y de sus cómplices. Infortunadamente, tenemos que salir del país para buscar la luz de la justicia, pues en México el ambiente es oscuro amenazante; los derechos humanos van en retroceso ante el avance del autoritarismo y la militarización por efectos del “Plan Mérida”.
Los juristas y defensores de los derechos fundamentales que suscribimos este boletín deploramos la vergonzosa actitud de los magistrados y jueces que exculpan a Echeverría. Declaramos que sumaremos nuestros esfuerzos a los del Comité 68, a los de las ONG, y al de tantos y tantas mexicanas que están ávidos de justicia. Insistiremos en la creación de una comisión de la verdad, haciendo patente nuestro firme propósito de continuar luchando, por los medios legales a nuestro alcance, para que se enjuicie y sancione a los criminales de lesa humanidad y nunca más se repitan los genocidios, como el de 1968, cometidos por un Estado terrorista y represor.
Atentamente.
Eduardo Miranda Esquivel, Jesús Cervantes Esparza, Cesar de León y Pablo Franco Hernández, por la Presidencia Colegiada de la Unión de Juristas de México UJM; Lauro Sol, Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos ANAD; José Enrique González Ruiz, por el Programa de Derechos Humanos de la UACM; José Sotelo Marbán, ex coordinador del informe de la FEMOSPP ¡que no vuelva a suceder!; Dip. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera; Comité 68 y varias firmas más.
BOLETÍN DE PRENSA
Ciudad de México, 2 de abril de 2009
¡LUIS ECHEVERRÍA, CULPABLE DEL GENOCIDIO DEL 2 DE OCTUBRE DE 1968, AUNQUE LOS JUECES LO EXONEREN!
La investigación histórica y el juicio popular acreditan que el ex presidente Luis Echeverria Álvarez es culpable de la comisión del delito de genocidio cometido el 2 de octubre de 1968 contra un grupo de estudiantes y pobladores que demandaban democracia y libertad para México, aunque en días pasados los Tribunales del poder judicial federal le hayan otorgado la libertad con las reservas ley. A casi 41 años del 2 de octubre de 1968, los victimarios de aquellos hechos no han sido castigados ni se ha esclarecido toda la verdad.
La resolución judicial dictada por el Quinto Tribunal Colegiado y Segundo Tribunal Unitario en materia penal del primer circuito dieron otra demostración de inutilidad, al decidir que si se acredita el delito genocidio, previsto y sancionado en el artículo 149 bis del código penal federal, pero que no se acredita la responsabilidad criminal del ex presidente Echeverría Álvarez por falta de elementos de prueba, porque solamente era secretario de Gobernación. Con ello, el Poder Judicial federal abona una vez más el camino de la impunidad, al dejar de responsabilizar a funcionarios y demás miembros de la oligarquía gobernante de sus actos ilegales. La ley al servicio de los poderosos, sin importarles pasar por encima de la Constitución.
No cabe duda, que en la Plaza de las Tres Culturas se dio un genocidio cuando el ejército mexicano atacó una manifestación pacifica de jóvenes que protestaban contra los encarcelamientos y la represión. El número de muertos y heridos nunca se ha precisado, pero las investigaciones históricas han comprobado fehacientemente que se trató de una acción decidida, organizada, financiada y ejecutada desde el poder. Y que, junto con el ex –presidente Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría dirigió personalmente la represión. Así lo han revelado numerosos investigaciones, particularmente la que se coordinó precisamente desde la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que el foxismo montó de 2001 a 2006, luego manipulo y desmanteló, dejando actualmente pendiente la deuda con el pueblo de México, de conocer la verdad y castigar a los culpables. Con ello, también se acredita el fracaso de dicha fiscalía, amén de los cuestionamientos a su dirección.
La sangre inocente que se derramó en Tlatelolco no se lavará con sentencias indignas. Los magistrados y jueces son ahora cómplices de esos actos de barbarie. Con ello, no sólo dejan sin castigo a delincuentes de lesa humanidad, sino que además frustran las esperanzas de justicia de millones de habitantes de este país y pretenden con ello minimizar la gran contribución que el movimiento estudiantil popular de 1968 generó a la lucha por la democracia en nuestro país, que es un parteaguas de nuestra historia moderna.
Cuando la justicia en una nación muestra sus desatinos, como es el caso, procede entonces recurrir a las instancias internacionales. En el plano interamericano y en el de Naciones Unidas, quedan todavía mecanismos para lograr el enjuiciamiento de Echeverría y de sus cómplices. Infortunadamente, tenemos que salir del país para buscar la luz de la justicia, pues en México el ambiente es oscuro amenazante; los derechos humanos van en retroceso ante el avance del autoritarismo y la militarización por efectos del “Plan Mérida”.
Los juristas y defensores de los derechos fundamentales que suscribimos este boletín deploramos la vergonzosa actitud de los magistrados y jueces que exculpan a Echeverría. Declaramos que sumaremos nuestros esfuerzos a los del Comité 68, a los de las ONG, y al de tantos y tantas mexicanas que están ávidos de justicia. Insistiremos en la creación de una comisión de la verdad, haciendo patente nuestro firme propósito de continuar luchando, por los medios legales a nuestro alcance, para que se enjuicie y sancione a los criminales de lesa humanidad y nunca más se repitan los genocidios, como el de 1968, cometidos por un Estado terrorista y represor.
Atentamente.
Eduardo Miranda Esquivel, Jesús Cervantes Esparza, Cesar de León y Pablo Franco Hernández, por la Presidencia Colegiada de la Unión de Juristas de México UJM; Lauro Sol, Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos ANAD; José Enrique González Ruiz, por el Programa de Derechos Humanos de la UACM; José Sotelo Marbán, ex coordinador del informe de la FEMOSPP ¡que no vuelva a suceder!; Dip. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera; Comité 68 y varias firmas más.
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