A unos días de cerrado el telón legislativo e iniciadas las campañas para elegir a una nueva Cámara de Diputados, las noticias para los consumidores en nuestro país son inciertas.
La iniciativa de reformas constitucionales y procesales a favor de las acciones colectivas, que venía trabajándose desde hace dos años —y que ocupa los mejores esfuerzos de académicos, magistrados, ministros de la Suprema Corte y coordinadores parlamentarios en el Senado, así como de especialistas, abogados, personajes públicos y ciudadanos comprometidos con esta causa—, se ha vuelto víctima de serias modificaciones que le restan fuerza, y más bien parecen giros de 180 grados.
¿La razón? Porque sus únicos opositores a ultranza —entre los que se encuentra el Consejo Coordinador Empresarial, aparejado con un sector del gobierno que no tolera que los organismos de la sociedad civil discutan cuestiones de política pública con ellos, a 12 años de que la pluralidad sentó sus reales en el Poder Legislativo— han formado un frente para reventar cualquier acuerdo al que pudimos llegar, de haber mostrado disposición al diálogo y ánimo conciliatorio de su parte. Su “estrategia” no ha sido otra que la de ganar tiempo y desgastar a quienes perciben como enemigos declarados, que no son otros que las agrupaciones civiles que se toman en serio su papel y promueven el bien común a pesar de todo.
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