Jorge Carrillo Olea
Hace ya muchos meses que hay una creciente inquietud respecto de la forma de participación del Ejército en el combate contra el delito organizado. Aunque la opinión generalizada es que las fuerzas armadas no debieran participar en esta nefasta tarea, lamentablemente la misma proporción de opinantes acepta que no hay otra solución por el momento. Pero hay que aceptar costos, aunque se está tocando un punto neurálgico para la vida nacional: se está echando mano, y parece que de mala manera, del último recurso para la defensa del Estado nacional. No queda otro. Ni dilapidar todas las reservas en divisas o cambiar de punta a punta al gabinete o cosas por el estilo, tendrían el peso tremendo de estar comprometiendo tan irresponsablemente a las fuerzas armadas.
Las señales son ominosas: el país está militarizado, quien lo dude que se asome a la ventana; todas las corporaciones policiacas están en manos de militares; hace unas semanas nos enteramos de algo absolutamente inconcebible: una decena de jóvenes oficiales habían sido puestos a disposición del Ministerio Público Federal por ser supuestos coadyuvantes de bandas de narcotraficantes.
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