SCT, ¿cómplice?

EL UNIVERSAL

El gobierno federal tendrá que pagar a 80 ejidatarios —y sus abogados panistas— mil 500 millones de pesos por los daños y perjuicios de la expropiación de sus terrenos hace 25 años en lo que hoy es el puerto de Altamira, Tamaulipas. Pero eso no es todo. Además deberá regresarles los predios que, en parte, sostienen una infraestructura portuaria con un valor 50 veces superior al monto de la penalización. Todo porque a algunos funcionarios de la SCT se les “olvidó” solicitar a tiempo a la Suprema Corte la revisión del caso.

La incompetencia es una posibilidad, pero también lo es la corrupción. Y no hablamos de los dos magistrados que concedieron el amparo (no creen que 18 mil empleos directos y 12 mil indirectos sean de “utilidad pública”), sino de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que dirigía hasta hace unos meses Luis Téllez, hoy presidente de la Bolsa Mexicana de Valores.
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