Garantes de la impunidad

ERNESTO VILLANUEVA

El diseño institucional del Estado mexicano está confeccionado para que la corrupción sea impune y para dejar sin sanción conductas que deben ser objeto de castigo. Este principio hace que las campañas para el combate a la corrupción, incluida la retórica figura de los testigos sociales de las licitaciones y compras de los distintos órdenes y niveles de gobierno, cumplan sólo un cometido testimonial para dejar las cosas como están. De la cúspide a la base puede documentarse cómo el sistema legal genera incentivos perversos para que México sea “un país sin consecuencias”.

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