En el 2006, ante la inminencia de las campañas electorales, ninguna bancada parlamentaria tuvo el valor para echar atrás la ley televisa, y es que el poder ha creado un monstruo capaz de destruir políticamente cualquier oposición a la “teledictadura”, como la nombró astutamente el Canal 6 de Julio.
Estas empresas que usufructúan un bien nacional, como el espacio radioeléctrico, a cambio de nada, han crecido, en parte, gracias a la tolerancia que han tenido nuestros gobiernos “libremercadistas” hacia las prácticas monopólicas que han impedido que se amplíe la oferta informativa en la radio y televisión.
Eduardo Andrés Sandoval, en su artículo “Televisión y política mediática en México”, achaca a la cultura televisiva el abandono de la formación de cuadros, la vinculación de las bases y la reunión personal en el ámbito político. Se ha venido a sustituir por spots casi mercantilistas, con lemas cortos que no informan acerca de los fundamentos ideológicos de una corriente de pensamiento político.
Cuando en 2007 se discutieron las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en el Senado de la República, las distintas bancadas debatieron hasta el cansancio contra representantes de las televisoras porque los partidos políticos exigían tiempo aire en horarios “decentes” para expresar sus plataformas políticas y opiniones, bajo el supuesto de que esta reforma reduciría los gastos de los partidos en medios electrónicos. La reforma se aprobó y acto seguido, se erogaron más gastos en este rubro para la elección intermedia de este año que para la presidencial de 2006, que fue de 997.7 millones de pesos, según el IFE. El gobierno federal, por su parte, reportó cerca de 40 millones de pesos en la producción y emisión de spots utilizados para convencer a la población de que, en su tarea, no la está regando.
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Estas empresas que usufructúan un bien nacional, como el espacio radioeléctrico, a cambio de nada, han crecido, en parte, gracias a la tolerancia que han tenido nuestros gobiernos “libremercadistas” hacia las prácticas monopólicas que han impedido que se amplíe la oferta informativa en la radio y televisión.
Eduardo Andrés Sandoval, en su artículo “Televisión y política mediática en México”, achaca a la cultura televisiva el abandono de la formación de cuadros, la vinculación de las bases y la reunión personal en el ámbito político. Se ha venido a sustituir por spots casi mercantilistas, con lemas cortos que no informan acerca de los fundamentos ideológicos de una corriente de pensamiento político.
Cuando en 2007 se discutieron las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en el Senado de la República, las distintas bancadas debatieron hasta el cansancio contra representantes de las televisoras porque los partidos políticos exigían tiempo aire en horarios “decentes” para expresar sus plataformas políticas y opiniones, bajo el supuesto de que esta reforma reduciría los gastos de los partidos en medios electrónicos. La reforma se aprobó y acto seguido, se erogaron más gastos en este rubro para la elección intermedia de este año que para la presidencial de 2006, que fue de 997.7 millones de pesos, según el IFE. El gobierno federal, por su parte, reportó cerca de 40 millones de pesos en la producción y emisión de spots utilizados para convencer a la población de que, en su tarea, no la está regando.
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