Gobiernos locales y federal recurren a la contratación de personal externo tanto para servicios generales como administrativos. Con más de 1 mil 100 contratos de outsourcing, el gobierno federal estaría evadiendo sus obligaciones laborales e inhibiendo la organización de los trabajadores, señalan especialistas
Cuando su primo le habló del trabajo de afanadora en la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a María la motivó pensar que sería contratada por la dependencia. Luego, su familiar le aclaró que se trataba de una empresa independiente. “Pero pues ya estaba aquí y no lo iba a hacer quedar mal; entonces me quedé”, dice la mujer de 59 años. Afirma que en los cuatro años que lleva trabajando ahí, nunca ha firmado un contrato: “Nada más dimos nuestros papeles”.
María trabaja para Licom, SA de CV, empresa que ha sido contratada para la limpieza de las oficinas de la Secretaría de Finanzas local, las delegaciones Coyoacán y Miguel Hidalgo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes y el Instituto Federal de Acceso a la Información, bajo un esquema de contratación externa u outsourcing.
La contratación de personal externo se ha vuelto una práctica común en la administración pública, como lo constatan los contratos que en los últimos tres años han establecido con empresas proveedoras de servicios. Las áreas de aseo, mantenimiento y vigilancia de los inmuebles (que muchas empresas consideran no prioritarias) son las más socorridas en la externalización, pero también se ha recurrido a este esquema para contratar personal para áreas administrativas.
Outsourcing por decreto
El 4 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial que establecía las medidas de austeridad que habrían de seguirse en la administración pública federal. En su artículo 14 señalaba que las dependencias y entidades paraestatales debían promover la contratación de servicios para generar ahorros, que incluirían telecomunicaciones y servicios generales, como mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, fotocopiado y vigilancia.
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Cuando su primo le habló del trabajo de afanadora en la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a María la motivó pensar que sería contratada por la dependencia. Luego, su familiar le aclaró que se trataba de una empresa independiente. “Pero pues ya estaba aquí y no lo iba a hacer quedar mal; entonces me quedé”, dice la mujer de 59 años. Afirma que en los cuatro años que lleva trabajando ahí, nunca ha firmado un contrato: “Nada más dimos nuestros papeles”.
María trabaja para Licom, SA de CV, empresa que ha sido contratada para la limpieza de las oficinas de la Secretaría de Finanzas local, las delegaciones Coyoacán y Miguel Hidalgo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes y el Instituto Federal de Acceso a la Información, bajo un esquema de contratación externa u outsourcing.
La contratación de personal externo se ha vuelto una práctica común en la administración pública, como lo constatan los contratos que en los últimos tres años han establecido con empresas proveedoras de servicios. Las áreas de aseo, mantenimiento y vigilancia de los inmuebles (que muchas empresas consideran no prioritarias) son las más socorridas en la externalización, pero también se ha recurrido a este esquema para contratar personal para áreas administrativas.
Outsourcing por decreto
El 4 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial que establecía las medidas de austeridad que habrían de seguirse en la administración pública federal. En su artículo 14 señalaba que las dependencias y entidades paraestatales debían promover la contratación de servicios para generar ahorros, que incluirían telecomunicaciones y servicios generales, como mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, fotocopiado y vigilancia.
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