2010: ¿al fin el tiempo del México profundo?

Si 1810 fue el año de la Independencia y 1910 fue el de la Revolución, 2010 volverá a ver a México sumido en una lucha total contra la opresión. [Castellano y catalán]
Lola Cubells y Sergio de Castro Sánchez | Quaderns d'Illacrua |

Año 2006. En las calles de Oaxaca, tomadas por el pueblo, se respira cierto optimismo. El tiempo del cambio está por llegar. Si 1810 fue el año de la Independencia y 1910 fue el de la Revolución, 2010 volverá a ver a México sumido en una lucha total contra la opresión. Y quizá, por esta vez, la historia esté de lado del “México profundo” –el de “los de abajo”, verdaderos protagonistas de una historia silenciada “desde arriba”; y el “México imaginario” ya no sólo será por fin derrotado, sino incapaz –como hizo en el pasado– de llevar a su terreno el discurso de la emancipación, la libertad y la revolución[1].

El año 2006 fue especialmente conflictivo en México. Finalizado el sexenio de Vicente Fox –miembro del ultraderechista Partido de Acción Nacional, PAN– Felipe Calderón llegó a la presidencia tras un nuevo fraude contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), representante de la izquierda institucional y que acudía a las urnas de la mano de Andrés Manuel López Obrador. El movimiento lopezobradorista tomaría por meses la capital mexicana con plantones y manifestaciones de hasta dos millones de personas mientras su “líder” desconocía al gobierno “espúreo” de Calderón y creaba su propio “gobierno legítimo”.

Pero antes de que Calderón tomara posesión, Fox debía dejar limpio el panorama socio-político del país a su colega de partido. Lo haría primero en Atenco, en donde el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) había conseguido paralizar la construcción del nuevo aeropuerto capitalino en su territorio. A un mismo tiempo, era golpeada La Otra Campaña, impulsada por el EZLN como alternativa no partidista a las elecciones presidenciales y cuya caravana acababa de visitar la localidad atequense.

Posteriormente le tocaría el turno a Oaxaca en donde, a partir de la insurrección contra el gobernador Ulises Ruiz Ortiz (PRI), la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) comenzó a construir en el discurso y en la acción formas de organización socio-política que, sobre la base de los “usos y costumbres” de los pueblos originarios de la región, amenazaban de forma directa al poder establecido.

El narcotráfico como excusa

Tras el fraude en las elecciones presidenciales de 2006, Calderón se marcó como objetivo lograr afianzar la legitimidad de su gobierno a través de la lucha contra el narcotráfico. La escalada de violencia no se hizo esperar. Así, desde 2006, el total de muertes violentas se eleva a 16.000, casi 8.000 sólo en 2009, año en que la militarización se ha profundizado.

A través de la Iniciativa Mérida (también llamada Plan México, por sus similitudes con el Plan Colombia) EE. UU. ha destinado 1.400 millones de dólares a la lucha contra el narco. La iniciativa, que cubre los años 2007 a 2010, ha permitido a Calderón desplegar más de 50.000 efectivos militares por todo el territorio nacional. El resultado: incremento exponencial de la violencia y violaciones constantes de los derechos humanos por parte del Ejército –que se han incrementado un 600% desde que arrancó el Plan México– y que incluso ha llegado a denunciar la institucional Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La militarización y la presencia estadounidense en territorio mexicano encontró asimismo en la “epidemia” de gripe porcina una justificación más. Así, se creaba en marzo de 2009 el Centro Conjunto de Implementación para coordinar la acción de militares y policías de ambos países que cristalizaría en la realización, por primera vez en la historia, de maniobras militares conjuntas entre México y EE. UU., en la que participaría la 4ª Flota estadounidense, renacida ante la “amenaza” de Venezuela y otros países afines.

El acuerdo alcanzado a mediados de agosto entre Calderón y Uribe para la creación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia (GANSJ) con el fin de que ambos países coordinen acciones referidas a seguridad y justicia; la autorización por parte de Calderón a finales de 2006 para que la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) tenga presencia permanente en México; las denuncias de conexiones de grupos políticos del norte del país con los cárteles de la droga e, incluso, la posible creación, animada desde el Ejecutivo, de “grupos civiles de autodefensa”, son señales que alertan sobre el camino hacia la colombianización de México y la llegada de la “narcopolítica”.

Como es costumbre entre los gobiernos acólitos al libre mercado, la política mexicana de seguridad encierra objetivos ocultos. Para Pablo Romo Cedano, coordinador del Reporte de la criminalización de la protesta, elaborado por el Observatorio de la Conflictividad Social en México (OCSM), “en nombre del combate al narcotráfico y al terrorismo figuran un campo de batalla en donde los verdaderos criminales permanecen en la impunidad, mientras los líderes sociales son perseguidos, criminalizados y encarcelados por procesos judiciales absurdos”.

Y “razones” para la criminalización, no faltan. Según el OCSM, sólo entre 2006 y el primer semestre de 2008 se registraron 2.000 conflictos sociales de diverso alcance en México. Las condiciones sociales, políticas y económicas actuales no invitan a que el panorama de efervescencia social termine en 2010.

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