América del Valle
Al pueblo de México:
A los pueblos de la orilla del agua, Atenco:
A mi madre, a mi padre y mis hermanos:
A todas las organizaciones y personas que luchan por la libertad y la justicia en nuestro país:
Han pasado cuatro años desde aquella bárbara agresión del gobierno federal y el gobierno del Estado de México contra nuestro pueblo digno y rebelde de San Salvador Atenco. Desde aquellas salvajes golpizas contra hombres, mujeres y niños; del allanamiento y destrozo de nuestros hogares; el asesinato de Alexis Benhumea y Javier Cortés; el encarcelamiento de más de 200 compañeros; la humillación y violación de decenas de nuestras compañeras durante su traslado al penal; la expulsión del país de amigas chilenas, alemanas y españolas que atestiguaron y sufrieron la represión. Todo, a manos de los cuerpos policíacos estatal, federal y municipal. Todo, ordenado, dirigido y supervisado personalmente desde un lugar situado a unos metros de los hechos, por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Todo, impulsado por la presidencia de la República para cobrarnos la afrenta de haberle impedido arrebatarnos nuestras tierras para cerrar el negocio del sexenio: el de abrir un nuevo aeropuerto con un corredor comercial a todo lujo de varios kilómetros de largo.
Durante estos cuatro años hemos debido luchar y resistir en condiciones sumamente adversas, pero aún así hemos logrado liberar a la mayoría de los presos, han vuelto a su casa la mayoría de los perseguidos y lo más importante es que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) está vivo y luchando incansablemente por la libertad de los presos que faltan, pero también atento a impedir el despojo de nuestras tierras.
Hoy estamos a escasos días del desenlace jurídico de la lucha por la libertad de nuestros presos. Hemos jugado la última carta legal que tenemos para lograrlo (el amparo definitivo), y la decisión está en manos de la última instancia legal a la que podemos recurrir en México: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Quisiera equivocarme, pero todo apunta a que en los próximos días, los ministros atenderán a una decisión de Estado: dejar en la cárcel a algunos presos políticos de Atenco. Sacarán a unos cuantos, reducirán las condenas de otros, pero la realidad es que la injusticia prevalecerá. Una decisión con la que especulan tanto el PAN como el PRI; tanto Calderón, como Peña Nieto, padre y creador de toda esta barbarie. Habiendo una decisión de Estado de por medio (como ocurre también en el caso del SME), es muy difícil que la Corte no la acate. Son contados lo jueces dispuestos a desacatar una orden así girada desde el poder. Por temor o conveniencia, por presiones o por intereses. Basta hacer un breve recuento de su reciente actuar:
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A los pueblos de la orilla del agua, Atenco:
A mi madre, a mi padre y mis hermanos:
A todas las organizaciones y personas que luchan por la libertad y la justicia en nuestro país:
Han pasado cuatro años desde aquella bárbara agresión del gobierno federal y el gobierno del Estado de México contra nuestro pueblo digno y rebelde de San Salvador Atenco. Desde aquellas salvajes golpizas contra hombres, mujeres y niños; del allanamiento y destrozo de nuestros hogares; el asesinato de Alexis Benhumea y Javier Cortés; el encarcelamiento de más de 200 compañeros; la humillación y violación de decenas de nuestras compañeras durante su traslado al penal; la expulsión del país de amigas chilenas, alemanas y españolas que atestiguaron y sufrieron la represión. Todo, a manos de los cuerpos policíacos estatal, federal y municipal. Todo, ordenado, dirigido y supervisado personalmente desde un lugar situado a unos metros de los hechos, por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Todo, impulsado por la presidencia de la República para cobrarnos la afrenta de haberle impedido arrebatarnos nuestras tierras para cerrar el negocio del sexenio: el de abrir un nuevo aeropuerto con un corredor comercial a todo lujo de varios kilómetros de largo.
Durante estos cuatro años hemos debido luchar y resistir en condiciones sumamente adversas, pero aún así hemos logrado liberar a la mayoría de los presos, han vuelto a su casa la mayoría de los perseguidos y lo más importante es que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) está vivo y luchando incansablemente por la libertad de los presos que faltan, pero también atento a impedir el despojo de nuestras tierras.
Hoy estamos a escasos días del desenlace jurídico de la lucha por la libertad de nuestros presos. Hemos jugado la última carta legal que tenemos para lograrlo (el amparo definitivo), y la decisión está en manos de la última instancia legal a la que podemos recurrir en México: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Quisiera equivocarme, pero todo apunta a que en los próximos días, los ministros atenderán a una decisión de Estado: dejar en la cárcel a algunos presos políticos de Atenco. Sacarán a unos cuantos, reducirán las condenas de otros, pero la realidad es que la injusticia prevalecerá. Una decisión con la que especulan tanto el PAN como el PRI; tanto Calderón, como Peña Nieto, padre y creador de toda esta barbarie. Habiendo una decisión de Estado de por medio (como ocurre también en el caso del SME), es muy difícil que la Corte no la acate. Son contados lo jueces dispuestos a desacatar una orden así girada desde el poder. Por temor o conveniencia, por presiones o por intereses. Basta hacer un breve recuento de su reciente actuar: