A principios de mes estuvieron en México las eurodiputadas Satu Hassi y Franziska Keller y se entrevistaron con el equipo de transición de Enrique Peña Nieto. El motivo: exigir justicia para el finlandés Jyri Jaakkola, asesinado hace dos años en Oaxaca junto con la activista mexicana Beatriz Cariño. Hassi, compatriota de Jaakkola, asegura que ve poca disposición de los priistas para atender el caso, en el que presuntamente está implicado Ulises Ruiz, quien era gobernador de Oaxaca cuando sucedieron los hechos, y dice que las leyes de su país permitirían la eventualidad de llevar a juicio a éste y aun a Peña Nieto si decidiera que se siga protegiendo al exmandatario.
BRUSELAS.- La familia del activista Jyri Jaakkola demandará penalmente a Enrique Peña Nieto en los tribunales de Finlandia si el sucesor de Felipe Calderón en Los Pinos decide extender el manto de protección a Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, para evitar que se le investigue en México por su probable implicación en el asesinato del joven finlandés.
La eurodiputada Satu Hassi señala que en la legislación de su país está tipificado un delito que se ajusta a la emboscada perpetrada por presuntos integrantes del grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) el 27 de abril de 2010 contra una caravana de activistas, entre ellos Jaakkola, que llevaba ayuda a la comunidad triqui de San Juan Copala.
La agresión, en la que también murió la activista mexicana Beatriz Cariño, ocurrió durante la gestión de Ulises Ruiz, correligionario de Peña Nieto; de ahí el intento del gobierno finlandés por elaborar un sustento legal que le otorgue facultades para perseguir de oficio al exmandatario oaxaqueño, presuntamente implicado en los dos asesinatos.
“El derecho internacional contempla dos motivos para que un caso pueda ser procesado en el país de la víctima del crimen: que el país donde se cometió no tenga la voluntad, o no sea capaz de procesar a los culpables, y que el código penal del país donde ocurrió el delito no identifique el crimen. En este caso, la acción delictiva de atentar contra la vida de un grupo de personas no existe en la ley mexicana”, comenta Hassi a Proceso.
La familia Jaakkola tiene el derecho de llevar el caso a las cortes de Finlandia, pues la víctima nació en ese país, insiste la eurodiputada, también de nacionalidad finlandesa. Incluso, añade, eso mismo podría hacer Meri Maarjana Mononen, la otra ciudadana de ese país que sobrevivió a la emboscada de 2010.
Y expone: “Uno de los puntos de discusión con las autoridades mexicanas es la lista de los cargos criminales imputados a los homicidas. En la ley finlandesa está definido como crimen el caso de poner en riesgo la vida de cada individuo dentro de un grupo de personas.
“En el caso de los asesinatos de Jyri y Bety, ellos no eran los objetivos específicos, sino la caravana entera. Cualquiera pudo haber muerto. En Finlandia está tipificado ese delito; y en este caso se puso en peligro la vida de otro ciudadano finlandés (Meri Maarjana)”.
Perteneciente al grupo del Partido Verde Europeo, Hassi asegura que para ciertos crímenes graves, en el país nórdico no es necesario que la víctima se constituya en parte acusadora: “Las autoridades judiciales finlandesas tienen el derecho de perseguir de oficio el delito. No tendría que hacerlo la familia Jaakkola como representante de la víctima, sino el procurador del Estado”.
El 25 de abril pasado, los abogados mexicanos de la familia Yaakkola – David Peña y Karla Michel Salas– informaron en Bruselas que afinarían con sus pares finlandeses los detalles técnicos del “recurso de extraterritorialidad” que los padres de Jyri pensaban interponer contra Ulises Ruiz ante la Procuraduría General de la República de su país.
Hasta ahora sólo se había manejado la posibilidad de que los padres de Jyri levantaran la acusación contra Ruiz por haber financiado o tolerado las operaciones de Ubisort.
Hassi estuvo en México del lunes 1 al viernes 5 por quinta ocasión para dar seguimiento a las investigaciones sobre el homicidio de Jyri y para conocer la situación de los derechos humanos en general.
Días antes de su llegada, el 27 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca libró órdenes de arresto contra 12 presuntos implicados en los asesinatos de los activistas. Uno de ellos, Rufino Juárez, está encarcelado en espera de juicio.
“Desde el principio –comenta la eurodiputada– es obvio que el grupo de potenciales sospechosos del crimen de Jyri es muy pequeño: es conocido que el grupo que tiene sitiado San Juan Copala es la Ubisort; igualmente se sabe que su líder, Rufino Juárez, es buen amigo de Ulises Ruiz y que el PRI financia este grupo paramilitar. No estoy asegurando que él sea el autor intelectual, pero hay elementos por los que debe ser investigado”.
–¿Cuándo tomarán la decisión de introducir la demanda en Finlandia? –se le pregunta.
–Primero tenemos que ver qué pasa en México. Si estas órdenes de arresto sólo se quedan en papel y no son implementadas, tendremos que concluir que debemos buscar justicia en Finlandia. Y aun cuando las órdenes sean implementadas, los culpables deben ser sentenciados. Ese es nuestro criterio para tomar la decisión de acudir o no a la justicia finlandesa.
El plantón de Gamboa Patrón
Hay pocos visos de que los integrantes del equipo de transición de Peña Nieto se ciñan a la aplicación de la ley, dicen Hassi y la eurodiputada alemana Franziska Keller, quien la acompañó a México.
Ambas se entrevistaron el miércoles 3 con Claudia Ruiz Massieu Salinas, coordinadora de Derechos Humanos y Transparencia del equipo peñanietista.
Keller, quien ha viajado a México en tres ocasiones, comenta a este semanario que Ruiz Massieu no asumió ningún compromiso concreto para el esclarecimiento de los homicidios de Jaakkola y Cariño: “Ella nos dijo que estaba ahí para escucharnos, para recopilar información y a partir de ella definir prioridades y trazar planes”.
Asegura que el gobierno de Calderón suele decir: “‘Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a proteger a los testigos…’, pero al final no lo hacen. Esta vez sólo se comprometieron a mantener (abierto) el expediente”.
Según la eurodiputada, militante también del grupo del Partido Verde Europeo, ella y Hassi concertaron por medio de la delegación de la Unión Europea en México un encuentro con Emilio Gamboa Patrón, el líder de la bancada del PRI en el Senado desde el pasado 1 de septiembre.
Keller relata que el miércoles 3 ella y Hassi llegaron puntuales a la cita en el Senado. La secretaria que las atendió en la recepción les pidió esperar mientras revisaba la agenda del legislador para ver si las podía recibir. Poco después la misma secretaria salió a decirles que lo lamentaba mucho pero que Gamboa Patrón no podía atenderlas porque “tenía otros compromisos”.
“Y aunque intentamos fijar una nueva fecha (para el encuentro con Gamboa Patrón), no fue posible”, aclara Keller.
Otro factor que complica la causa de las eurodiputadas es la ruptura, en febrero de 2009, de su partido –el Verde Europeo– con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que también impulsó la campaña de Peña Nieto, debido a que éste defiende la pena de muerte.
Keller subraya que ni ella ni Hassi han tenido contacto con el PVEM en ninguna de sus visitas a México. “No tenemos nada qué hacer con ellos, a menos que ocurra que se conviertan en verdes de verdad”, ironiza.
–¿Ustedes estarían dispuestas a reconsiderar, por razones prácticas, su rompimiento con los verdes mexicanos?
–Desde luego que en nuestra próxima visita a México intentaremos entrevistarnos con el gobierno… pero no vamos a planear ninguna relación particularmente con el PVEM. Los verdes no apoyamos la pena de muerte, ni siquiera en el caso de los asesinos de Bety y Jyri.
Síguenos en twitter @radioamlo
.jpg)
.gif){kind=small}
.jpg)