Luis Javier Garrido
La propuesta de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo de someter a una Consulta Popular la iniciativa de Felipe Calderón para privatizar la industria petrolera nacional procede, a pesar de lo que dicen los funcionarios del gobierno de facto, al menos por 10 razones.
1. La Consulta Popular en materia energética es absolutamente constitucional y legal porque la Constitución mexicana prevé ya, desde 1983, este mecanismo en el tercer párrafo del artículo 26, en el marco del “sistema nacional de planeación democrática”, además de que al menos en 22 Constituciones locales del país existen mecanismos de democracia semidirecta, como la consulta pública, el plebiscito y el referendo.
2. La consulta procede porque es el mecanismo democrático por excelencia en la toma de decisiones en la mayor parte de los países euro-occidentales en este siglo XXI, ya que está progresivamente compensando los vicios y limitaciones del sistema representativo, con otros mecanismos de democracia semi-directa. México está atrasado en materia democrática y la consulta sentaría, por lo mismo, un precedente positivo para el país.
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