Julio Pimentel Ramírez
Cada vez es más claro que el espurio Felipe Calderón actúa sin modificar la forma y esencia del presidencialismo mexicano, autoritario y antidemocrático, al desdeñar el contenido del debate formal sobre su propuesta privatizadora de PEMEX y menospreciar la participación ciudadana al calificar al referéndum o plebiscito de figuras legales que no se encuentran en la Constitución, olvidando que la soberanía nacional reside en el pueblo.
Otro tema en el que se reitera la actuación falaz de las administraciones neoliberales es el que tiene que ver con la procuración e impartición de justicia, específicamente en lo que se refiere a las demandas de organizaciones de familiares de desaparecidos que durante cuatro décadas han exigido la presentación con vida de las más de mil 300 víctimas de ese delito de lesa humanidad.
Resulta que en lo “oscurito”, sin consultar a las organizaciones de familiares, un “Comité de Reparaciones” instalado clandestinamente en la Secretaría de Gobernación pretende dividir a los familiares y debilitar las demandas ofreciendo 200 mil pesos por cada desaparecido. Como si la verdad y la justicia tuviesen precio.
Las administraciones del “cambio” al encubrir y dilatar la aplicación de la justicia se han convertido en cómplices de quienes enlutaron a miles de hogares mexicanos. En todo caso no hay que perder de vista que independientemente de quien se encuentre en el gobierno, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de respetar los derechos humanos y de responder a las demandas ciudadanas de verdad y justicia.
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