martes, 1 de julio de 2008

Incineran boletas electorales y derecho a la información

Álvaro Cepeda Neri
Las complicidades en la cúpula de los poderes, particularmente de la estructura judicial –Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) y ese apéndice presidencial, la Procuraduría General de la República–, al servicio del bicéfalo Poder Ejecutivo Federal, donde su titular es un individuo que se desempeña como jefe de gobierno y jefe de Estado, constantemente decide mutuos favores en lo que ya es un desempeño oligárquico del poder del Estado.

Todo lo anterior se está llevando a cabo en pleno desafío al malestar social que prevalece por todo el país a consecuencia del apretón al cuello de nuestra crisis económica por la desaceleración estadunidense, lo cual reduce las exportaciones y merma las remesas, ocasionando más desempleo. Y cuyo desastre no es paliado con el aumento del barril de petróleo, porque las ganancias se utilizan antikeynesianamente: para el pago de la burocracia elitista: ministros de la Corte, magistrados del TEPJF, secretarios del despacho presidencial y consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).

Calderón, los calderonistas y el Partido Acción Nacional (PAN), arrastrando su ilegitimidad, eran hombres al agua tras las dudosas elecciones presidenciales, cuando el partido bisagra, el Revolucionario Institucional, les tiró el salvavidas para sobrevivir y nadar para alcanzar la orilla. La crisis política no fue resuelta. Se pospuso. Y Calderón, carente de las cualidades mínimas para un desempeño medianamente político, casi dos años después, no ha podido posesionarse, al grado de que constantemente los priistas operan nuevos salvamentos para mantener a flote al grupo calderonista.
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