Romero Deschamps: poder y encubrimiento

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, afirmó ayer que la toma de nota del líder del Sindicato de Trabajadores Peroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, es “totalmente legal” y que por tanto no hay motivo alguno para que sea removido del cargo. Al mismo tiempo, el funcionario calificó de “chantajes” los reclamos de los sectores que se oponen a la ratificación de Romero Deschamps al frente del gremio, y que tomaron, en protesta, la sede del STPRM en la ciudad de México el viernes pasado.

Las declaraciones del titular de la STPS son más que desafortunadas, porque dejan entrever la postura sesgada del gobierno federal en un conflicto creciente en el seno del sindicato petrolero, ante el que lo más deseable sería una actitud imparcial y conciliadora. Los asertos constituyen, además, una muestra contundente del enorme peso político que Romero Deschamps –cabeza de una dirigencia antidemocrática, charra y corrupta– tiene para la presente administración, como parte de la herencia del corporativismo sindical que se consolidó en tiempos del priísmo, en calidad de instrumento político clave de la estructura autoritaria del llamado superpresidencialismo mexicano.

Por añadidura, el apoyo del oficialismo al dirigente petrolero se explica en términos de la coyuntura política: el líder pudiera fungir como elemento clave en el proceso de reforma energética emprendido por el jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa. Ante el creciente rechazo social que ha despertado el cariz privatizador y antinacional de la iniciativa presidencial –cuya inviabilidad legal, política y económica fue puesta en evidencia durante los foros de discusión que se llevaron a cabo en el Senado de la República–, resulta lógico suponer que para el actual gobierno es crucial contar con Romero Deschamps de su lado
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