Andrea Becerril
En las negociaciones del dictamen de la reforma energética hay un acuerdo inicial entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para presentar una nueva propuesta sobre el tema de los contratos, en la que se establecerá que el capital privado podrá participar en la exploración de hidrocarburos, inclusive en aguas profundas, así como en la construcción de instalaciones y en otros servicios petroleros, pero bajo reglas específicas, a fin de impedir –señalan– corrupción y discrecionalidad.
De acuerdo con versiones de legisladores que participan en el proceso de dictamen, se decidió crear un apartado específico sobre contratos en la Ley Orgánica de Pemex, en el que se asentarán las condiciones y formas por la que la paraestatal podrá convenir con empresas privadas nacionales y extranjeras, la contratación de maquinaria o de obras específicas.
En ese apartado se precisa la obligación de Pemex de llevar a cabo entre 25 y 40 por ciento de contratos y de adquisiciones con empresas nacionales. Los porcentajes varían, ya que se tienen que establecer con base en convenios internacionales en la materia, signados por el gobierno mexicano.
Se aclara que los contratos nunca podrán ser de riesgo, es decir, Pemex no podrá pagar con reservas, barril de petróleo, calidad del pozo, ni nada que signifique compartir las ganancias con la empresa contratista.
Sin embargo, hay consenso en incluir lo que el panista Juan Bueno Torio definió como “contratos incentivados pero predeterminados”, en los que la paraestatal establecerá el premio que se dará al contratista, en relación exclusivamente con el tiempo de término de la obra, y si lo hace antes, recibirán un pago adicional.
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