Provocación

Manuel Bartlett Díaz

La reforma energética, central para nuestra seguridad, soberanía, desarrollo, se está dictaminando en el Senado a puerta cerrada. Del debate nacional rico e intenso pasamos a la sordina. Informaciones superficiales, en voz baja, en páginas interiores, afirman que el dictamen estará este mes; sólo falta el tema de contratos, nada más, la pieza clave de la privatización.

¿Cómo es eso? Dos iniciativas, la del Ejecutivo y la de la cúpula del PRI, coinciden en desnacionalizar; una, la del Frente Amplio Progresista, su antípoda. Las dos primeras encarnan un modelo transnacional impuesto que privatiza todos los elementos de Pemex. Privatizan los objetivos, eliminando los que corresponden a una empresa pública, para imponerle los de empresa privada; privatizan la estructura al darle autonomía de gestión por encima del Estado y un régimen de excepción a un Consejo de Administración dominado por consejeros profesionales nombrados por el Ejecutivo por ocho y hasta 16 años, intocables, dueños en realidad; privatizan la operación al eliminar de facto la exclusividad en áreas estratégicas facultando al consejo y a las filiales a suscribir toda clase de contratos con empresas extranjeras, sometidos a tribunales extranjeros controlados por el Banco Mundial y la facultad para expedir “bonos ciudadanos” que introducirán a los intermediarios financieros extranjeros al Consejo de Administración, que serán los tenedores, como si fueran socios, porque sus beneficios dependerán del “desempeño” de Pemex.

¿Qué es negociable de lo anterior? Nada. Es desconstitucionalizar a Pemex, hacerla empresa privada, homologada a la práctica de las empresas transnacionales ¿Van por buen camino los acuerdos? ¿Será que Calderón y asociados han reflexionado sobre los efectos del proyecto? ¿Optarán por respetar la Constitución?

Sería sensato. La violencia y la inseguridad avanzan; el Ejército y las policías en las calles enfrentan cotidianamente a bandas armadas; ajusticiamientos rutinarios de jefes y responsables; se confiesa la descoordinación de los tres niveles de gobierno. La inflación aparece y asoma la crisis alimentaria. Y ahora el desastre financiero y económico de Estados Unidos nos arrastra, las remesas se desploman y afectan a los más pobres. El presupuesto se encoge, la seguridad se lleva una gran porción en detrimento de servicios indispensables.

¿Se atreverán el gobierno y sus asociados a presentar al pleno del Senado un dictamen privatizador, e imponerlo con una mayoría negociada hace un año?. Ningún acuerdo cupular acallaría a una mayoría popular en contra, pese a la campaña de medios en marcha nuevamente. El gobierno no tiene ni el mandato ni la fuerza para imponerlo; hacerlo sería un acto de debilidad ante la presión extranjera que demanda el petróleo y participar en la renta que genera a cualquier costo. Hipotéticamente tendrán ellos el petróleo, pero seguramente nosotros el costo. Más que un acto de Estado sería una provocación irresponsable.
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