La reforma energética a punto de aprobarse está lejos de representar lo que el optimismo oficial desbordado pretende hacernos creer.Entre la iniciativa presidencial que conoció el Senado el pasado mes de abril y lo que hoy se vota, hay mucha agua, mucho ruido y mucha historia que es importante glosar en este espacio.
Por Ricardo Monreal Avila
En principio, quienes acudimos a la toma de las tribunas para impedir una aprobación Fast Track, nunca estuvimos equivocados. Quizás acudimos a un recurso desesperado, provocado a su vez por la embestida privatizadora del Ejecutivo Federal, pero los fines que defendíamos eran jurídicamente legales y socialmente legítimos. Así lo demuestra el contenido de lo que hoy se pide legislar.
Posteriormente, a la pretensión de aprobar una iniciativa lo más pronto posible y de espaldas a la sociedad, siguió un proceso de consulta con técnicos, especialistas, académicos y grupos laborales vinculados al sector energético, cuya voz no había sido tomada en cuenta, a pesar de lo mucho que tenían que aportar. Hubo más de 100 participaciones y aportaciones.
Finalmente, los partidos y grupos parlamentarios presentamos nuestras propias iniciativas, en aras de alcanzar un consenso parlamentario básico en torno a un tema fundamental, como es el futuro del petróleo como palanca de nuestro desarrollo.
Hubo también dos factores extraparlamentarios que, como telón de fondo, estuvieron a lo largo del proceso de negociación y acuerdo que hoy concluye en una primera fase legislativa. Me refiero al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, convocado por Andrés Manuel López Obrador, por un lado, y al grave deterioro de la situación económica, financiera y en materia de seguridad que atraviesa el país.
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