PLAZA PUBLICA

6/NOVIEMBRE/2008
PLAZA PÚBLICA
Infiltración y crimen en Edomex

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Un comandante de la Policía Ministerial fue asesinado el lunes en Toluca. Junto a su cuerpo un mensaje explicaba desafiante: “Por no querer jalar con nosotros y para los putos que no creen que estamos en Toluca” Firmaron el recado, bien y mal educados, “Att. La muñeca, Ruso y Indio” Otro policía de igual rango en la misma corporación había padecido la misma suerte el sábado, en Ecatepec. Además de ellos, la semana pasada cayeron 10 agentes estatales o municipales en esa entidad. Llegó así a casi medio centenar el de los policías asesinados en lo que va de este año.

En los 10 meses corridos de 2008 la delincuencia organizada privó de la vida a unas 350 personas personas, más del triple de las ejecuciones habidas el año pasado. Dos matanzas colectivas hicieron llegar a aquella suma la cifra de este año: una ocurrió en agosto y otra en septiembre. Una, cerca de La Marquesa, en el camino a Chalma, fue deliberadamente escandalosa. Otra, en el municipio de Tlatlaya, fue ruidosamente ocultada. En aquella, el 12 de septiembre, un ejecutor abatió de un balazo en la cabeza a cada una de 24 personas. En esta, un comando armado, de gente encapuchada mató a discreción, al azar, a 23 personas que compraban y vendían en el tianguis de San Pedro Limón, en Tlatlaya. Apenas los asustados sobrevivientes hacían la cuenta de la artera agresión cuando de otros vehículos, propios del Ejército, descendió personal con atavío militar, que recogió los cuerpos de las víctimas y se los llevó consigo. Cuando el Ministerio Público fue informado de los hechos, su personal prefirió dar la callada por respuesta. El mismo silencio intimidado ha recibido a reporteros en busca de confirmación de lo sucedido, que yo tengo por comprobado por reiterada información de fuente fidedigna.

La violencia criminal, que cuenta entre sus víctimas a un Alcalde cercano al gobernador Enrique Peña Nieto (el de Ixtapan de la Sal), ha amenazado a otros presidentes municipales y al propio Ejecutivo estatal. El propio Peña Nieto reconoció el peligro de los ediles al ofrecerles protección especial, y aunque no ha hecho públicos amagos en su contra, el aparato de seguridad en torno suyo se ha reforzado, aún cuando viaja al exterior, como ahora que se encuentra en Biarritz y antes en Colombia. Debe tenerse presente que guardaespaldas de sus hijos perdieron la vida mientras los niños se encontraban de vacaciones el año pasado en Veracruz.

En paralelo con el incremento de la violencia corre el descubrimiento de la infiltración que la delincuencia organizada ha logrado a fuerza de dinero en las corporaciones policiacas. En algunos casos, los agentes cooptados por los criminales trabajan activamente al lado de ellos, se convierten en parte del aparato homicida. En otros, informan desde sus puestos a las bandas que de ese modo mejoran sus capacidades letales. La matanza de La Marquesa, por ejemplo, contó con la colaboración eficaz de un jefe policiaco municipal, de Huixquilucan que estuvo a la cabeza de la operación que en sucesivas redadas se llevó de sus domicilios a las 24 personas que fueron ejecutadas en aquel lugar. Testigos de uno de los dos momentos, en que fueron “levantados” 12 peones de albañilería sin nexo alguno con la delincuencia, creyeron que se trataba de una acción oficial. Lo era en la medida en que la dirigía el comandante Antonio Ramírez Cervantes, que había sido contratado por los ejecutores de ese infame crimen colectivo.

Al parecer también combinaba su trabajo como policía con tareas criminales Álvaro Montaño Ochoa, detenido apenas el 20 de octubre en el norte del Distrito Federal, en la operación que significó la captura de Jesús Zambada, “El Rey”, a la cabeza de un grupo de 15 miembros del cártel de Sinaloa. Lo grave de este caso es que revela la futilidad de los mecanismos de control de confianza, por lo menos en el Edomex. Montaño Ochoa había sido escogido en los meses recientes para ser miembro de un cuerpo de elite en la Policía Ministerial mexiquense, que creó una unidad antisecuestros mediante, se dijo entonces, un estricto esquema de selección de personal. Quién sabe si Montaño Ochoa burló ese mecanismo, o si se valió de su nueva credencial para hacer valer sin riesgo su incorporación a la banda de Zambada.

Siempre hay algo peor: unos días antes de la detención de Montaño Ochoa, el 16 de octubre se realizó la de de Javier García Carrasco, quien en combinación con agentes mexiquenses logró información vendida a la delincuencia que condujo a la ejecución del director operativo de la Policía Ministerial de esa entidad, Cuitláhuac Ortiz Lugo, ultimado en julio anterior. García Carrasco era encargado de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, y dependía de José Manssur, delegado de la PGR en el Estado de México, y quien ha desaparecido al hacerse público que se le investigaba por sus nexos con quienes en su función oficial debía perseguir.

Me pregunto si la multiplicación de ejecuciones de agentes de la autoridad es parte de la guerra entre bandas que se libra por el control de la zona y de las rutas que la recorren. Sólo me lo pregunto para no añadir a la muerte de policías leales, asesinados porque cumplían con su deber, la infamia de sospechar de ellos. La verdad en cada caso debería establecerla una acuciosa averiguación ministerial y luego sendos procesos judiciales. Pero, por desgracia ni la procuración ni la administración de justicia mexiquenses son de fiar.


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