Manuel Bartlett Díaz
El Congreso mexicano aprobó la reforma energética impuesta por los países grandes consumidores de hidrocarburos, para introducir a sus empresas a los beneficios de la explotación de nuestro petróleo y a toda la industria petrolera.
Dicen bien Labastida, Beltrones, Gamboa con Calderón, es la reforma más importante desde la nacionalización; claro, es la reversión, la desnacionalización. Pasarán a la historia. Se privatizan los objetivos de Pemex para homologarla a una empresa privada: sacar más y más crudo, asociada a las transnacionales; exportar más para satisfacer necesidades ajenas; privatizan la estructura de Pemex al darle una autonomía por encima del Estado, en manos de cuatro “consejeros profesionales” que designarán entre el Ejecutivo y el Senado —ya sabemos quiénes—, que serán prácticamente propietarios del petróleo durante seis y 12 años; se privatizará toda la industria a través de contratos de exploración, explotación, operación; aseguran los intereses de los contratistas con la nueva ley, derechos extraordinarios y arbitraje internacional que sustraerá a la industria de la jurisdicción mexicana. Las empresas extranjeras ya están aquí ilegalmente, se legalizarán y se enseñorearán de nuestro país las que ya están listas, como lo han declarado, radiantes, Reyes Heroles, el hijo, y la señora Kessel.
La operación, astutamente planeada: acuerdo cupular previo, iniciativa privatizadora del Ejecutivo; debate forzado en el Senado; segunda iniciativa de Beltrones con cambios aparentes, mismos objetivos; concesiones menores en comisiones, sesiones aceleradas y aprobación en el Congreso. Insólito consenso de las antípodas. Campaña mediática mentirosa y desinformadora.
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