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Un ejemplo de lo anterior es el proyecto de reforma constitucional sobre los sueldos de los servidores públicos de todo el país. Es evidente que el Estado no puede funcionar sin una regulación, ya que hemos visto que los ayuntamientos —todos son pobres— deciden los sueldos de los integrantes sin más regla que un acuerdo. Hay muchas otras instituciones en las que sus miembros se asignan el sueldo que quieren.
El proyecto para regular los sueldos no sólo define un máximo, sino también cancela todas las ministraciones ilegales que se han autorizado en muchas instancias públicas sin el menor control parlamentario. Cada entidad federativa del país emitiría su propia ley de sueldos bajo las nuevas reglas constitucionales, de tal manera que el Poder Legislativo recuperaría una de las funciones esenciales que adoptó desde su surgimiento.
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