La iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que Felipe Calderón presentó ante el Senado la semana pasada prepara el terreno nada menos que para un eventual golpe de Estado. No contento con haber violado la Constitución al poner a las Fuerzas Armadas a cargo de labores de seguridad pública e imponer, de facto, un estado de excepción a lo largo del país, hoy el jefe del Ejecutivo busca legalizar estas prácticas y arrogarse poderes discrecionales para, de forma unilateral, suspender a su antojo las garantías básicas de los ciudadanos. La médula de nuestro sistema democrático está en riesgo.
La iniciativa busca dotar al Consejo de Seguridad Nacional, una instancia conformada exclusivamente por subordinados de Calderón, con la facultad de declarar formalmente la existencia de “una afectación a la seguridad interior”. Con un pronunciamiento de esta naturaleza las Fuerzas Armadas podrían intervenir en una amplia diversidad de ámbitos de la vida pública, lo cual también implicaría la suspensión de garantías básicas como la libertad de expresión, de asociación y de libre tránsito, y hasta de nuestro derecho al debido proceso. Las modificaciones a la ley también permitirían la intervención indiscriminada de las comunicaciones privadas por parte del Poder Ejecutivo con el fin de asegurar la “seguridad” y la “paz” nacional.
En la actualidad, el artículo 29 de la Constitución permite la declaración temporal de un estado de excepción únicamente frente a casos de “perturbación grave de la paz pública” y en todo momento con el aval del Poder Legislativo. Al obligar al Ejecutivo a recibir autorización de los senadores y diputados se asegura que el presidente no tome a la ligera la eventual suspensión de nuestros derechos.
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