Mario Di Costanzo Armenta
No cabe duda de que Agustín Carstens continúa metiéndose en graves problemas, pues ante el evidente fracaso de su estrategia económica –que por cierto nos tiene al borde del colapso–, se ha sumado una clara violación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), que ameritaría su destitución, si en nuestro país existiera un verdadero estado de derecho que permitiera la rendición de cuentas.
Y señalo lo anterior, ya que el 22 de mayo pasado, la Secretaria de Hacienda informó que “no cuenta con los documentos que registraron la venta (desincorporación) de las 18 instituciones bancarias que se reprivatizaron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, esto es, que “Hacienda extravió el libro blanco de la reprivatización bancaria”.
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