Casos como el de Cándido Monreal Ávila, hermano del exgobernador de Zacatecas Ricardo Monreal, que en un lapso de cuatro meses pasó de testigo a indiciado, sólo se entienden en contexto político-electoral como el que hoy se vive en el país.
En los últimos años ha sido una constante que en cada proceso electoral la Procuraduría General de la República integre una averiguación previa contra un candidato o alguien de su familia y ventile el asunto en los medios de comunicación.
La historia que hoy implica a varios de los hermanos Monreal Ávila se inició el 28 de noviembre de 2008. Ese día, según la información difundida, la PGR recibió una llamada en que un denunciante anónimo habló de movimientos sospechosos en la deshidratadora San Felipe, propiedad de los hermanos Cándido y David Monreal; dos meses después, el 22 de enero de 2009, elementos de la misma procuraduría decomisaron 14.5 toneladas de mariguana en las instalaciones de esa empresa familiar y detuvieron a dos presuntos zetas.
Sin embargo, fue el lunes 18 -¡cuatro meses después de los hechos!- cuando el diario Reforma informó que Cándido y David Monreal eran investigados por la PGR por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Para el viernes 22, los dos hermanos ya no eran sólo testigos, sino indiciados.
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