Las acciones y procedimientos colectivos son instituciones que permiten la defensa, protección y representación jurídica colectiva de derechos e intereses de los miembros de una colectividad o grupo dentro de una sociedad. Garantizan a los ciudadanos el derecho de agruparse para demandar a una empresa o entidad pública por daños que les han causado por la violación de sus derechos colectivos y sociales, por la contaminación y destrucción del ambiente, como personas discapacitadas, o como consumidores de bienes y servicios.
Aunque en otras jurisdicciones han recibido distintos nombres (acciones populares, acciones de grupo o acciones de clase), y sus mecanismos de protección divergen en lo accidental, sustancialmente con los mismos efectos los encontramos en Europa, Canadá y Estados Unidos, y en países latinoamericanos como El Salvador, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay
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