La administración de Felipe Calderón ejerce “presión” política mediante las áreas de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los instrumentos de presión a sus opositores son auditorías, investigaciones por lavado de dinero y requerimientos de pago de impuestos, consideran legisladores
Érika Ramírez / Isabel Argüello
Expedientes integrados por las áreas de inteligencia financiera del país son utilizados como “arma de control político” en contra de empresarios, legisladores, políticos y luchadores sociales. Auditorías, investigaciones por lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita y requerimientos de pago de impuestos, entre otros, son la vía de este ejercicio de “presión” en la administración de Felipe Calderón, aseguran legisladores.
Luego de que Contralínea hiciera públicas las investigaciones que siguen las áreas de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a “personas políticamente expuestas”, diputados de las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT) coinciden que éste es un mecanismo de “represión” del gobierno federal.
Entre los casos expuestos, están el de Emilio Chuayffet Chemor, diputado federal por el PRI; Gregorio Sánchez Martínez, excandidato a la gubernatura de Quintana Roo; Patricio Patrón Laviada, actual titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y el del senador priista Manlio Fabio Beltrones. Éstos han sido tratados de distinta forma por la administración federal. Las encargadas de llevar los expedientes son la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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