Todos lo sabemos. Pedir prestado es un grave error cuando no se tiene la posibilidad de pagar el préstamo y los intereses.
Y es también una equivocación en caso de que se pueda pagar, pero a costa de sacrificar lo necesario.
Ese parece ser el grave “error” en que conscientemente incurrieron al menos 10 gobiernos estatales que durante los últimos seis años aumentaron su deuda en forma muy importante.
En este caso están Chiapas, Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Nayarit, Veracruz, Michoacán, Sonora y Distrito Federal.
Sus deudas crecieron, en conjunto, en más de 200 mil millones de pesos, mismos que representan más del 70 por ciento de los incrementos de la deuda estatal en los últimos años.
El presidente Felipe Calderón ha sido un duro critico del endeudamiento de los estados y ha puesto como ejemplo a las finanzas federales por mantenerse en equilibrio.
Pero en los hechos la federación ha contraído más pasivos que el conjunto de los estados.
Porque a pesar del “explosivo” crecimiento en las deudas estatales este incremento en los pasivos fue de 1.1 puntos porcentuales del PIB entre 2006 y 2012, al pasar de 1.6 a 2.7 por ciento.
En contraste la deuda del gobierno federal creció en 3 puntos porcentuales del PIB, ya que mientras en el 2006 representaba el 33.9 por ciento, seis años después alcanzaba el 36.9 por ciento.
No todos son iguales
No todos los casos son iguales: a unos les llevará más tiempo que a otros amortizar sus deudas.
Si estos estados destinaran la totalidad del dinero que reciben por concepto de participaciones, unos terminarían de pagar más rápido que otros.
Chiapas lo haría en cinco años, Coahuila en tres, Quintana Roo en dos años dos meses. Nuevo León en un año y Chihuahua en un año cuatro meses.
Nayarit requeriría un año dos meses; Veracruz un año un mes, igual que Michoacán; el D.F. un año, Baja California 11 meses y Jalisco 10.
Aunque el resto de los estados también se endeudaron en los últimos seis años, lo hicieron en menor medida y conservando una relación “más prudente” con su nivel de ingresos.
En conjunto, el endeudamiento de las otras 22 entidades federativas fue de 69 mil millones de pesos.
La situación del endeudamiento de los Estados en su conjunto es grave por sí misma. En seis años las deudas estales se multiplicaron 2.5 veces, en tanto que sus ingresos siguieron siendo los mismos en términos reales.
A mediados de junio de este año la deuda de los estados sumaba 429 mil millones de pesos, (si se incluye el endeudamiento de Chiapas, que estaba oculto hasta hace unas semanas) que comparados con los 160 mil millones de pesos del 2006, muestra un crecimiento, por decir lo menos, exagerado.
¿Qué pudo haber provocado el inusitado crecimiento de la deuda de los Estados?
¿Podrían estas deudas, de seguir creciendo al mismo ritmo, transformarse en “una bomba de tiempo” para las finanzas nacionales?
¿Cuál debería ser el tamaño ideal de la deuda de un estado o de la Federación?
Analicemos.
Las causas del endeudamiento
¿Qué razones se dieron para que en general se incrementaran las deudas de algunos estados y en algunos casos dispararan escandalosamente, sobre todo en los últimos años?
Y es que no deja de llamar la atención que si las deudas estatales se mantuvieron más o menos estables, -1.7 por ciento del PIB- se dispararon a partir precisamente del 2009, año que el país registró su peor índice de crecimiento.
El caso Coahuila
Una de las la hipótesis fundamentales para tratar de explicar el crecimiento de las deudas, es la decisión de algunos gobernadores de hacer grandes obras.
Este podría ser, entre otros, el caso de Coahuila.
No se puede negar que en ese estado el gobernador Humberto Moreira realizó muchas obras de infraestructura, y además muchas otras acciones de carácter social que lo llevaron a ser uno de los mandatarios con más popularidad que se recuerde en la historia del estado norteño.
Sí. ¿Pero a costa de qué? Cuestionan sus adversarios, para quienes el profesor Moreira “hipotecó” al estado por muchos años.
Algunos otros críticos de Moreira señalan que el crecimiento de la deuda de ese Estado también sirvió para financiar diversas campañas políticas, entre las que pudiera haber estado la del candidato Enrique Peña Nieto.
Y es que la deuda de Coahuila creció de 420 millones en 2006 a más de 36 mil millones de pesos para el 2012.
Sin embargo, saber el destino que tuvieron los préstamos es punto menos que imposible.
Las finanzas de Coahuila, como las de cualquier otro estado y de la federación misma, son poco transparentes.
Además que los estados, como la federación, no producen Estados de Situación Financiera, mediante los que se pudiera conocer la contrapartida de las deudas (los activos, y en su caso las pérdidas).
Cuando se dio a conocer el tamaño de la deuda de Coahuila, y la forma cómo se contrató, provocó un escándalo mayúsculo que obligó al ya presidente nacional del PRI a renunciar, sin mayor remedio.
La deuda será amortizada en un plazo de casi 19 años, pagando una tasa de interés promedio del 7.2 por ciento.
El caso de Michoacán
El caso Michoacán, gobernado por Leonel Godoy de filiación perredista, es también de los ejemplos de gran endeudamiento.
“Es una deuda terrible, caramba, la verdad yo no me imagino cómo fueron a gastar todo ese dinero o en qué, porque es una deuda enorme” dijo Felipe Calderón en Michoacán hace un par de semanas entrevistado por Víctor Villicaña, periodista local.
“Yo creo que (la deuda) es la más grande del país si se toma por habitante, y que tristeza por Michoacán. Pienso que si esa deuda se hubiera aplicado íntegramente a obras públicas, a programas, pues se vería ¿no? Se verían las obras, no dudo o no niego, no quisiera yo afirmar que no se aplicó para obras, pero hay una gran duda que los michoacanos comparten y yo también tengo”, señaló Calderón.
La deuda de Michoacán se elevó en los últimos años: de 2 mil 811 millones, la deuda creció a 16 mil 472. Un incremento de más de 13 mil millones de pesos en un Estado que no es de los más grandes.
El tamaño de la deuda de Michoacán representa el 103 por ciento de sus participaciones y podrá ser amortizada en los próximos 15 años.
La historia de Michoacán o de Coahuila podría repetirse en otros estados, en tanto la pregunta es la misma: ¿Qué hicieron los gobernadores endeudados con tanto dinero?
Y la otra: ¿Si el presidente de la república no lo sabe, lo podrá saber cualquier ciudadano?
La ambición de los deudores
Por más ambiciosos que sean los gobernadores de los estados, no puede haber deudores sin acreedores.
¿Cómo pueden darse préstamos bancarios, sin dinero y liquidez en los bancos?
Probablemente este fue otro de los factores que influyeron para que la deuda de algunos estados creciera de pronto, casi de la nada, en más de 200 mil millones de pesos en menos de tres años.
Y es que nunca antes los capitales extranjeros encontraron tan atractivos los rendimientos de sus inversiones de efectivo en México.
Probablemente la banca comercial nunca antes pudo colocar tanto dinero en tan pocas manos, y en tan poco tiempo, sin ningún riesgo.
En los gobiernos de los estados encontraron el sujeto de crédito ideal que les dio la seguridad de cobrar no solo el principal, sino también jugosas tasas de interés que la banca comercial de México no gana en ningún otro lugar del mundo, con la seguridad que ofrece el gobierno mexicano.
Un federalismo 'dispar'
Con todo, también podría haber otras causas: un federalismo dispar que dejó atrás a las haciendas estatales.
El tema no se discute frecuentemente, ya que se trata de cuestiones “técnicas”.
El hecho es que la mayoría del “gasto federal programable” va prácticamente de la mano del gasto de los estados: si el gobierno federal transfiere recursos para financiar, por ejemplo, el gasto del Seguro Popular, el gobierno del estado tiene que aportar una cantidad igual.
El gasto programable del gobierno federal creció casi un 61.5 por ciento en los últimos 12 años y las aportaciones y participaciones solo crecieron el 13.8 por ciento en términos reales.
Por lo tanto el gobierno federal pudo lograr financiar el crecimiento de su gasto por los extraordinarios ingresos del petróleo, pero los gobiernos de los Estados no.
La viga en el ojo propio
Es cierto. Los gobiernos de los Estados se han endeudado en forma explosiva, pero nunca en las proporciones que lo ha hecho el gobierno de Felipe Calderón.
En términos del PIB el endeudamiento de los Estados creció 1.1 en los últimos seis años, en tanto que el endeudamiento del gobierno federal a diciembre del 2011, se incrementó 2.7 puntos del PIB.
Es decir, mientras los gobiernos estatales aumentaron su deuda en 269 mil millones (si se incluyen las deudas ocultas de Chiapas) el gobierno federal aumentó su deuda en 2.4 billones de pesos.
¿Qué hizo con tanto dinero Felipe Calderón, podría preguntar con justeza el ex gobernador michoacano Leonel Godoy?
‘La bomba’ de tiempo
Tiene razón el ahora senador y ex secretario de Hacienda cuando afirma que las deudas de los Estados, si siguen como van, podrían ser una “bomba de tiempo”.
Pero para que eso suceda tendrían que pasar bastante tiempo.
La razón es simple: Hoy por hoy, la deuda de los Estados ni siquiera representa el 3 por ciento del PIB. En tanto que la del sector público Federal se ubicaba en el 36.9 por ciento del PIB a finales del 2011.
Aunque no hubiera cortapisas para que la banca comercial les siguiera prestando a los gobiernos de los estados como lo ha venido haciendo hasta ahora, difícilmente la deuda estatal será un peligro para las finanzas mexicanas.
Por eso, el secretario de Hacienda José Meade ha reiterado que la deuda no es riesgo en el sistema económico mexicano, y menos en el sistema financiero.
¿Para qué es la deuda?
Antes de hacer un análisis de la situación que guardan las entidades federativas, es necesario hacer dos reflexiones importantes, sostiene el doctor en derecho Luis Manuel Pérez de Acha
La primera es preguntarnos: ¿Para qué es la deuda, y si esta reúne los requisitos que establece la Constitución?
La segunda sería: ¿Contamos con información financiera suficiente como para evaluar desde un punto de vista estrictamente financiero su razonabilidad?
La constitucionalidad de las deudas
Respecto de la primera cuestión, Pérez de Acha afirma que en el mundo todo endeudamiento de cualquier entidad gubernamental debe tener como destino un proyecto productivo.
Así lo establece la Constitución.
Entendiéndose que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia, un proyecto productivo no es solamente aquel cuya finalidad es producir un ingreso en términos monetarios, sino que también tenga una productividad indirecta, o un impacto social relevante.
En cambio, si el producto del préstamo se va a destinar al gasto corriente, sin duda será inconstitucional.
En este caso también están aquellos gastos que las entidades federativas realizan y cuyo destino es incierto, y poco o nada se sabe de su justificación económica o social, como por ejemplo, el avión que ha comprado el gobierno de Sinaloa.
Las autoridades adquirieron el avión, pero se niegan a informar cuánto costó y a quién se le compró, declarando esta información como “reservada”.
“Cualquier financiamiento que no tenga como fin un proyecto productivo es de plano inconstitucional”, sostiene el abogado.
Información financiera
Pérez de Acha afirma también que la propia Constitución impone a todas las entidades públicas, sea gobierno federal, estatal o municipal, o de cualquier otra índole, la obligación de mantener una contabilidad gubernamental que produzca información financiera.
Y es que sin estados financieros difícilmente se puede evaluar cuál es la situación de una entidad gubernamental.
Hasta ahora la contabilidad gubernamental solo ha producido un listado de entradas y salidas de efectivo que a todas luces es insuficiente para determinar, como se hace en cualquier empresa, si el gobierno está sobre endeudado o no.
Lo importante es saber para qué se quiere la deuda y qué destino tuvo el financiamiento.
Y eso “no lo dice un estado de ingresos y egresos”.
Un flujo de entradas y salidas no habla, por ejemplo, de los activos productivos, que serían la contrapartida del financiamiento.
Evidentemente si hay un crédito contratado es porque los ingresos que está recibiendo la entidad federativa son insuficientes por concepto de ingresos propios o locales, o de transferencias federales, pero la evaluación final de la justificación de un crédito debe ser hecha a la luz de los estados financieros.
Con los estados financieros se podría evaluar, por ejemplo, los activos del gobierno que en particular podrían justificar en un momento dado la solvencia de la deuda.
¿Existen terrenos que se pudieran enajenar en un momento dado?
¿Hay cuentas por cobrar de impuestos? En el caso del Distrito Federal.
Una situación semejante, en otro caso por ejemplo, podría ser las reservas probadas en el caso de Pemex.
Son activos que dependiendo de su tamaño pudieran soportar perfectamente un endeudamiento destinado a la exploración, por ejemplo, sin que por esto se tuviera que atender necesariamente el flujo de efectivo de la paraestatal.
De ahí que, dice el doctor Pérez de Acha: “para poder hacer una evaluación profunda del endeudamiento de los estados habría que tener a la mano los estados financieros que contengan la información del tema de cada gobierno”.
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