Una reforma laboral en México debía revisar al menos cuatro aspectos:
uno, la llamada flexibilidad laboral, que es la que más interesa a los
empresarios; dos, la democracia sindical, vital para acabar con el
nocivo corporativismo; tres, las garantías mínimas para el cumplimiento
de los convenios internacionales aceptados por México, entre los que se
encuentran los relacionados con la Organización Internacional del
Trabajo; y cuatro, el sistema de justicia laboral.
La iniciativa
de reforma enviada por el presidente Felipe Calderón se concentraba en
los primeros tres, pues el cuarto, aunque afirmaba hacerlo, en realidad
evadía el asunto principal, que sería trasladar la responsabilidad de la
justicia laboral al ámbito del Poder Judicial, con lo cual se acabaría
con las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sometidas al Poder Ejecutivo
y a las cúpulas empresariales y sindicales.
Sobre el tercer
punto, es decir, apegar las disposiciones legales mexicanas a las
acordadas en los convenios internacionales, Thomas Wissing, director de
la OIT para México y Cuba, manifestó que la iniciativa tenía bondades,
pero que eran limitadas y podrían ampliarse. Y este, el tercero, fue el
aspecto menos discutido entre los diputados.
Los partidos del
Frente Legislativo Progresista (PRD, PT y MC), los sindicatos
democráticos (hoy prácticamente en extinción) y los abogados
laboralistas progresistas centraron sus objeciones principalmente en la
flexibilización de las condiciones laborales, pues la iniciativa
calderonista prácticamente atendía todas las demandas empresariales, a
costa de desproteger a los trabajadores.
Por su parte, el PRI y
los sindicatos tradicionalmente ligados a dicho partido no se proponían
transformar la vida sindical, con el argumento de que eso sería
violentar la autonomía de dichas organizaciones.
De acuerdo con
las discusiones y votaciones en la Cámara de Diputados, todo parece
indicar que los trabajadores son los grandes perdedores de esta reforma,
pues lo que finalmente se aprobó va en detrimento de sus condiciones
laborales; y lo que se rechazó o modificó es lo poco que podría
beneficiarlos, como sería garantizar su derecho a la información sobre
el manejo de las cuentas de las organizaciones sindicales y el voto
libre y secreto para la elección de sus dirigentes.
Así, la mezcla
de omisiones, tibiezas, rechazos y concesiones opera totalmente a favor
de los empresarios y los dirigentes sindicales. Los pocos avances son,
como señaló la OIT, limitados e insuficientes, en virtud de que nadie se
preocupó por que al menos en lo relacionado con el trabajo infantil, la
igualdad de género, el trabajo doméstico, la maternidad y el denominado
trabajo decente la legislación mexicana se adecuara plenamente a lo
establecido en los convenios de la OIT.
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