Si no quieren avalar la opinión generalizada de que, como dice José Hernández en su poema Martín Fierro, “la ley es como el cuchillo/ no ofende a quien la maneja”, los tribunales superiores deberán anular la aberrante sentencia sobre el caso de Atenco que condena con durísimas penas a luchadores sociales por el mismo conflicto donde la policía mató, hirió, violó mujeres, torturó y allanó brutal e ilegalmente domicilios de campesinos, instaurando el terror en el pueblo, sin que al respecto se tomase ninguna medida judicial.
La consigna es clara: para los pobres que se defienden, la represión salvaje y la cárcel. Para sus dirigentes, aunque no hayan estado en el lugar del hecho o aunque no se haya individualizado su participación, penas que buscan segregarlos de por vida con la esperanza de que se pudran entre rejas y condenas pecuniarias absurdas que intentan hundir en la miseria a sus familias, ya castigadas por el secuestro oficial de sus integrantes varones. Para los represores y los delincuentes de guante blanco, en cambio, la impunidad. La justicia estará vendada, pero tiene olfato de clase.
El mismo grupo priísta que pidió, como programa electoral, la pena de muerte en el estado de México, quiere ahora amarrar con las cadenas de los presos de Atenco su alianza con el gobierno federal nacido del fraude, el cual, como necesita su apoyo para afirmar una mayoría PRIAN que le permita privatizar Pemex y atentar contra la Ley Federal de Trabajo, cierra los ojos ante los brutales atentados contra la democracia en ese estado o en Oaxaca o donde les resulte indispensable la violencia primitiva disfrazada con fallos judiciales aberrantes.
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