Destitución de funcionarios, derecho del pueblo

Álvaro Cepeda Neri

La impunidad de funcionarios y delincuentes es el factor común del relajamiento institucional del estado federado, la federación y el municipio libre, como base de nuestra división territorial y organización política y administrativa, así como del espacio asiento de los poderes federales que es el Distrito Federal. Los delincuentes entran y salen de las cárceles por favoritismo y complicidad de jueces, magistrados y ministros de los poderes judiciales, en alianza con los ministerios públicos.

Los funcionarios entran y salen de sus cargos sin rendir cuentas ni razón de sus actos y omisiones, y sin posibilidad de fincarles responsabilidades por las vías del juicio político o penal. Los presidentes de la república son intocables, sean del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o del Partido Acción Nacional (PAN). Los gobernadores, excepcionalmente, han sido destituidos, pero jamás llevados a los tribunales. Por regla general –enriquecidos y con represiones de sangre para hacer valer su despotismo– se convierten en empresarios y banqueros con total impunidad.
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