Defensor del periodista
Álvaro Cepeda Neri
Las administraciones de los poderes ejecutivos, en los tres niveles de gobierno, sin importar de qué partido sean, le sacan la vuelta –con 1 mil y una marrullerías– al derecho a la información. Han hecho de las partidas presupuestales para la publicidad oficial una de sus armas más poderosas para censurar a los medios de comunicación, sobre todo escritos, que a la veracidad de su información suman el análisis, la crítica y ponen a disposición de la opinión pública cuantos elementos encuentran para exhibir actos y omisiones, tanto de esos poderes ejecutivos, como de los legislativos y judiciales del estado federal.
Los caciques-gobernadores controlan a los medios de comunicación a través de la publicidad, llevando una lista negra de los que informan –lo que esos gobiernos quieren ocultar– y mantienen la libertad de expresión para cuestionar los abusos y complicidades de los funcionarios. No se diga el gobierno federal, como hace hoy el calderonismo, con su presidencialismo televisivo y radiofónico, mientras desprecia y combate a la prensa escrita que no cede a las pretensiones ordenadas por Juan Camilo Mouriño y Maximiliano Cortázar.
Usan la partida para publicidad –que es dinero del pueblo– como soborno con los medios impresos que hacen caso omiso del presidencialismo calderonista, pasando por alto los actos que merecen la crítica del inquilino de Los Pinos o del grupo compacto: Mouriño, Nava (el nuevo teórico del hilo negro de la separación de poderes), Germán Martínez y otros connotados amigos del “señor presidente”.
Empero, es urgente que diputados y senadores legislen sobre el destino de esos cientos de millones de pesos que distribuyen a su antojo para favorecer a las televisoras y sus radiodifusoras, discriminando al resto de los medios de comunicación según el criterio de Gobernación.
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