Arnaldo Córdova
La acción de los gobiernos en periodos de elecciones siempre ha sido y será una calamidad porque produce, indefectiblemente, situaciones conflictivas que, a su vez, son fuente de injusticias e inequidades que acaban violando las leyes y suelen llevar al desquiciamiento de la convivencia de las distintas fuerzas políticas y del propio orden constitucional. Todo ello parece ser inevitable, porque demandar a los gobiernos que se abstengan de realizar sus funciones sería absurdo y como siempre obedecen a un signo partidista sucede con frecuencia que la fuerza o las fuerzas que representan resultan ser las principales beneficiarias de sus actos.
El poder del Estado es el poder superior de la sociedad y parecería que si está en manos de un partido o una coalición política (porque sus exponentes fueron elegidos para ejercer el gobierno en ese poder) no puede por más de favorecer los intereses particulares de ese partido o coalición. Pero en los regímenes democráticos avanzados eso es menos frecuente o, de plano, no sucede, y así pueden verse gobiernos que suceden a otros de signo contrario. Resulta más cierto, sin embargo, en los regímenes en los que hay un escaso desarrollo de la democracia o ésta se encuentra aún en desarrollo.
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