Atenco: justicia fallida

Magdalena Gómez, La Jornada

Una vez más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio muestra de su estrechez de miras jurídicas y de sus previsibles cálculos políticos que sacrifican su autonomía y olvidan el principio de división de poderes. Y nos referimos a la instancia máxima del Poder Judicial, no a los muy respetables esfuerzos de alguno o algunos de sus ministros, que no hacen mella en la ideología que prevalece en esa instancia, la cual se encubre y respalda en su visión formalista del derecho.

Ciertamente está acotada la función de investigación de violaciones graves de derechos humanos establecida en el artículo 97 constitucional y sería motivo de una reforma ampliar su sentido; sin embargo, a esta instancia suprema, antes que fortalecer su intervención, le interesa sacudirse de este compromiso constitucional, pues no está en su vocación la preocupación por los gobernados.

De ello ha dado prueba igual en las controversias de 330 municipios indígenas en 2001 que en el caso Lydia Cacho, ahora en Atenco y en la fila de los próximos exonerados espera tranquilo el gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz.
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