Extorsión a la República

Editorial

El fin de semana pasado, cuando dieron inicio formal las precampañas de cara a las elecciones de julio próximo, las dos principales empresas televisoras del país interrumpieron las transmisiones de diversos encuentros deportivos para difundir, en bloque y fuera de los espacios comerciales, anuncios del Instituto Federal Electoral (IFE) y los partidos políticos –lo que, cabe suponer, generó una explicable molestia de los televidentes– con el pretexto de que así lo “ordena” la legislación vigente en materia de contratación y difusión de propaganda electoral. Ayer, una vez que el IFE se había deslindado de esas interrupciones y afirmado que éstas obedecían a una decisión “adoptada exclusivamente por las televisoras”, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) pretendió justificar la medida al señalar que “las pautas de las precampañas electorales fueron notificadas hace un par de semanas a las emisoras, cuando ya existían compromisos contractuales previos en la programación (y) teniendo en cuenta que los tiempos y horarios de los juegos son predeterminados e imposibles de modificar”.
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