Justicia facciosa

Editorial

El gobierno federal reveló ayer, por medio de la Procuraduría General de la República, que el pasado 30 de diciembre presentó de manera formal la solicitud de extradición del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, quien desde marzo de 2006 se encuentra en territorio canadiense, “por considerarlo probable responsable de los delitos de fraude, asociación delictuosa y otros ilícitos cometidos en agravio de los afiliados” del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Sin prejuzgar sobre la veracidad o la falsedad de las acusaciones construidas por el foxismo y retomadas por la administración calderonista contra Gómez Urrutia, el gobierno federal habría incurrido en una tardanza difícilmente justificable al solicitar la extradición del dirigente gremial casi tres años después de que empezó la persecución judicial en su contra, y habida cuenta de que siempre se ha sabido su paradero.
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