Suprema impunidad

Editorial

Por amplia mayoría de magistrados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación perpetró un nuevo atropello a su propia función y a sus potestades y dio por cerrada la discusión en torno a los episodios de barbarie represiva que tuvieron lugar en Texcoco y en San Salvador Atenco en mayo de 2006. En una circunstancia que recuerda de manera inevitable el vergonzoso desempeño del pleno de togados ante las agresiones sufridas por la informadora Lydia Cacho en Puebla –y promovidas por el gobernador de esa entidad, Mario Marín–, el máximo tribunal del país exoneró de toda responsabilidad al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, al entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, a Wilfrido Robledo Madrid, a la sazón responsable de la seguridad mexiquense, a Ardelio Vargas Fosado, entonces coordinador de las fuerzas federales, al ex procurador estatal, Abel Villicaña Estrada, a Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno, a Miguel Ángel Yunes Linares, quien en ese tiempo se desempeñaba como subsecretario federal de Prevención y Readaptación Social, y a otros altos mandos estatales y federales.
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