México, Distrito Federal
Miércoles 25 de marzo de 2009
* Discurso del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la asamblea informativa del Movimiento nacional en defensa de la economía popular, en la Cámara de Diputados
Amigas y amigos:
Como lo acordamos el domingo pasado en la asamblea informativa del zócalo, hoy nos congregamos para exigir que se apruebe la iniciativa de Ley sobre Salarios Máximos, aplicable a todos los funcionarios públicos de los tres poderes de gobierno.
Para nosotros la transformación que necesita el país debe darse a partir de cuatro lineamientos básicos: rescatar al Estado, que está secuestrado y al servicio de una oligarquía; cambiar el modelo económico; moralizar al gobierno y crear una nueva corriente de pensamiento.
En esta ocasión, estamos aquí para insistir en la urgente necesidad de moralizar al gobierno de la República.
Como es sabido, la llamada clase política se ha corrompido y vive distanciada de los ciudadanos. Uno es el mundo de los políticos y otro muy distinto es el de la gente que, día a día, tiene que luchar por la sobrevivencia y por su bienestar.
La política, como lo hemos dicho en otras ocasiones, se ha convertido en sinónimo de corrupción, prepotencia y cinismo. La mayor parte de los que ocupan cargos públicos, no son más que empleados del grupo minoritario que realmente manda y decide en el país; es decir, han pasado a ser simples piezas del engranaje que legaliza e impone, mediante el influyentismo, la voluntad de los potentados.
Pero el colmo o la burla mayor, es que estos funcionarios, aunque trabajan para la mafia del dinero y de la política, cobran sueldos elevadísimos y gozan de muchos privilegios a costa del presupuesto público, que es dinero del pueblo.
Tal es el caso de los ministros de la Corte que ganan hasta 600 mil pesos mensuales y que no imparten justicia en beneficio del pueblo, sino que están al servicio de los traficantes de influencia o de los capos del poder económico y político en el país.
Por esta razón, desde hace mucho tiempo hemos venido insistiendo en la necesidad de aplicar un plan de austeridad republicana, bajo el criterio juarista de que los funcionarios públicos deben aprender a vivir en la justa medianía. Inclusive recientemente, ante el agravamiento de la crisis económica, presentamos a esta Cámara de Diputados una propuesta para eliminar el gasto superfluo del gobierno y ahorrar hasta 200 mil millones de pesos que deben destinarse a impulsar actividades productivas, proteger el empleo y a garantizar el bienestar de la población.
Este ahorro puede lograrse reduciendo a la mitad los sueldos, desde el presidente espurio hasta los directores generales y adjuntos del Poder Ejecutivo Federal; las percepciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral; de diputados federales y senadores. Suprimiendo las partidas de fondo de ahorro especial y de gastos médicos para atención en hospitales privados de la alta burocracia. Cancelando las pensiones millonarias a los expresidentes de México. Eliminando la entrega de bonos discrecionales, la compra de vehículos para altos funcionarios, los gastos de representación, viáticos, la remodelación de oficinas, la renta de oficinas alternas, los boletos en primera clase y gastos de vestuario. Reduciendo drásticamente las partidas de publicidad, servicios telefónicos, celulares, fotocopiado y papelería, alimentación de funcionarios, servicios de asesoría, donativos, combustibles, arrendamiento de inmuebles, fideicomisos, entre otras. Todo ello acompañado de la disminución de estructuras burocráticas para bajar los gastos de administración.
Por eso ahora, que a propuesta de nuestros legisladores se está discutiendo una iniciativa de Ley Sobre Salarios Máximos para funcionarios públicos, venimos a expresar nuestro apoyo para la aprobación de inmediato de esta reforma Constitucional.
Desde luego, los legisladores del PRI y del PAN deben saber que no aceptaremos el truco de que aprueben una reforma sin contenido, nada más porque se ven obligados a hacerlo dado que son tiempos electorales. Queremos que dicha ley incluya la reducción de sueldos a ministros de la Corte, senadores, diputados, gobernadores y a otros altos funcionarios públicos y que entre en vigor de inmediato.
Amigas y amigos:
Como lo acordamos el domingo pasado en la asamblea informativa del zócalo, hoy nos congregamos para exigir que se apruebe la iniciativa de Ley sobre Salarios Máximos, aplicable a todos los funcionarios públicos de los tres poderes de gobierno.
Para nosotros la transformación que necesita el país debe darse a partir de cuatro lineamientos básicos: rescatar al Estado, que está secuestrado y al servicio de una oligarquía; cambiar el modelo económico; moralizar al gobierno y crear una nueva corriente de pensamiento.
En esta ocasión, estamos aquí para insistir en la urgente necesidad de moralizar al gobierno de la República.
Como es sabido, la llamada clase política se ha corrompido y vive distanciada de los ciudadanos. Uno es el mundo de los políticos y otro muy distinto es el de la gente que, día a día, tiene que luchar por la sobrevivencia y por su bienestar.
La política, como lo hemos dicho en otras ocasiones, se ha convertido en sinónimo de corrupción, prepotencia y cinismo. La mayor parte de los que ocupan cargos públicos, no son más que empleados del grupo minoritario que realmente manda y decide en el país; es decir, han pasado a ser simples piezas del engranaje que legaliza e impone, mediante el influyentismo, la voluntad de los potentados.
Pero el colmo o la burla mayor, es que estos funcionarios, aunque trabajan para la mafia del dinero y de la política, cobran sueldos elevadísimos y gozan de muchos privilegios a costa del presupuesto público, que es dinero del pueblo.
Tal es el caso de los ministros de la Corte que ganan hasta 600 mil pesos mensuales y que no imparten justicia en beneficio del pueblo, sino que están al servicio de los traficantes de influencia o de los capos del poder económico y político en el país.
Por esta razón, desde hace mucho tiempo hemos venido insistiendo en la necesidad de aplicar un plan de austeridad republicana, bajo el criterio juarista de que los funcionarios públicos deben aprender a vivir en la justa medianía. Inclusive recientemente, ante el agravamiento de la crisis económica, presentamos a esta Cámara de Diputados una propuesta para eliminar el gasto superfluo del gobierno y ahorrar hasta 200 mil millones de pesos que deben destinarse a impulsar actividades productivas, proteger el empleo y a garantizar el bienestar de la población.
Este ahorro puede lograrse reduciendo a la mitad los sueldos, desde el presidente espurio hasta los directores generales y adjuntos del Poder Ejecutivo Federal; las percepciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral; de diputados federales y senadores. Suprimiendo las partidas de fondo de ahorro especial y de gastos médicos para atención en hospitales privados de la alta burocracia. Cancelando las pensiones millonarias a los expresidentes de México. Eliminando la entrega de bonos discrecionales, la compra de vehículos para altos funcionarios, los gastos de representación, viáticos, la remodelación de oficinas, la renta de oficinas alternas, los boletos en primera clase y gastos de vestuario. Reduciendo drásticamente las partidas de publicidad, servicios telefónicos, celulares, fotocopiado y papelería, alimentación de funcionarios, servicios de asesoría, donativos, combustibles, arrendamiento de inmuebles, fideicomisos, entre otras. Todo ello acompañado de la disminución de estructuras burocráticas para bajar los gastos de administración.
Por eso ahora, que a propuesta de nuestros legisladores se está discutiendo una iniciativa de Ley Sobre Salarios Máximos para funcionarios públicos, venimos a expresar nuestro apoyo para la aprobación de inmediato de esta reforma Constitucional.
Desde luego, los legisladores del PRI y del PAN deben saber que no aceptaremos el truco de que aprueben una reforma sin contenido, nada más porque se ven obligados a hacerlo dado que son tiempos electorales. Queremos que dicha ley incluya la reducción de sueldos a ministros de la Corte, senadores, diputados, gobernadores y a otros altos funcionarios públicos y que entre en vigor de inmediato.
También vamos a seguir demandando la aplicación del plan de austeridad. No sólo hay que reducir los sueldos de la alta burocracia, también hay que eliminar la partida de servicios médicos privados. Es ofensivo que se estén destinando 5 mil millones de pesos anuales, para atender en clínicas particulares a la llamada sociedad política, cuando en los centros de salud de los pueblos no hay ni médicos ni medicamentos. Así mismo, debe desaparecer de inmediato la caja de ahorro especial para altos funcionarios públicos, que significa una erogación al año de otros 5 mil millones de pesos del presupuesto y no vamos a dejar de insistir hasta que se suspendan las pensiones millonarias a los ex presidentes de México.
Asimismo, aprovechamos para decirles a los legisladores del PRI y del PAN que ya no sigan pretendiendo engañar a la gente con sus famosos exhortos al Ejecutivo para congelar los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la luz. Ante esa burda maniobra electorera, les recordamos que los diputados y senadores, como parte del Poder Legislativo, tienen la facultad para presentar una iniciativa y aprobar una ley en defensa de la economía popular, que obligue al gobierno usurpador a bajar los precios de estos energéticos. Si realmente quisieran también pueden derogar el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), la tenencia vehicular, proteger los fondos de pensiones de los trabajadores y todo aquello que signifique proteger al pueblo ante el agravamiento de la crisis. En suma, les venimos a decir que basta de simulación y de engaños.
Amigas y amigos:
Nuestro movimiento tiene que seguir impulsando los cambios que necesita el país, vamos a seguir haciendo uso de nuestros derechos constitucionales de libre expresión de nuestras ideas y de manifestación. Aunque no les guste a los de la mafia del dinero y del poder y a sus achichincles, la libertad, como la justicia, como la democracia, no se implora, se conquista.
¡Viva el Movimiento en Defensa de la Economía popular!
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!
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