Vergüenza nacional

Con la instalación de una comisión binacional para "revisar" el caso de la secuestradora francesa Florence Cassez, el gobierno mexicano se ha plegado a la lógica racista y discriminatoria impuesta por el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y ha establecido un estatuto de privilegio absolutamente inaceptable en el marco legal de nuestro país, agraviante para los ciudadanos mexicanos y repudiable desde una perspectiva ética.

Ha de considerarse que la instancia anunciada ayer de manera conjunta por Felipe Calderón y el mandatario francés es ajena al marco legal nacional y que impone, por el solo hecho de su creación, una circunstancia de excepción para los delincuentes convictos de origen extranjero, por graves que sean los crímenes que se les atribuyen. Tal circunstancia contrasta con el trato que los acusados y sentenciados mexicanos reciben de las autoridades, es decir, con las arbitrariedades y las injusticias que las instancias de procuración e impartición de justicia cometen contra reos comunes y contra presos políticos.
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