José A. Crespo
Los partidos suelen quejarse cuando entre sí se aplican el famoso albazo. Ahora fueron ellos los que propinaron uno a los ciudadanos.
Tal vez de manera deliberada, cuando la atención ciudadana se concentra en la epidemia viral, los congresistas se apresuraron a aprobar un buen número de reformas e iniciativas y eludieron así el debido debate público y el escrutinio ciudadano sobre cada una de ellas. Los partidos suelen quejarse cuando entre ellos se aplican el famoso albazo y a veces lo evitan a través de tribunazos. Ahora fueron ellos los que aplicaron un albazo a los ciudadanos, por decirlo así. De las muchas reformas aprobadas en estos días está la iniciativa para la protección de los derechos colectivos, consistente en que un grupo de ciudadanos pueda interponer una queja jurídica por alguno de los múltiples abusos que cotidianamente cometen diversas empresas y corporaciones en contra de los consumidores. Es claro que para un particular al que se le ha esquilmado, por ejemplo, 200 pesos, no valdrá la pena interponer una queja contra la corporación que lo robó, ni en tiempo ni esfuerzo, pues la probabilidad de ganar de forma aislada es infinitesimal (si se considera, además, que el sistema mexicano de justicia cede más fácilmente al dinero que a la razón). La idea de los derechos colectivos es entonces reducir el costo a los afectados por un mismo abuso y elevar las probabilidades para que se les haga justicia, sistema que ya han adoptado diversos países avanzados o están en el serio empeño de serlo (como Brasil o Colombia).
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