Casi todos los poderes, órganos e instituciones públicos del país se organizan a través de estructuras y procedimientos autoritarios. La toma de decisiones se construye de arriba hacia abajo. Se carece de horizontalidad en la deliberación de los asuntos que concluyen en resultados con impactos sociales o económicos y, los procedimientos de decisión son profundamente opacos. La Cámara de Diputados no es ajena a esto.
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