MÉXICO, D.F. (apro).- Los magistrados federales propuestos por Felipe Calderón para ocupar las dos vacantes que quedarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la salida de los ministros Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia fueron juzgadores en algunos de los episodios judiciales más tenebrosos de la historia reciente o, bien, investigadores designados para indagar sobre violaciones graves a derechos humanos que quedaron impunes.
Por sus despachos, como jueces o magistrados, han pasado lo mismo el asesinato de Mario Ruiz Massieu, ocurrido en 1994, y la criminalización de indígenas tzeltales en 1996, que los expedientes que permitieron la liberación de Raúl Salinas de Gortari y Joaquín Hernández Galicia, La Quina.
También fueron designados por la SCJN para investigar las violaciones graves a derechos humanos en Atenco y Oaxaca en 1996, así como los casos de la periodista y activista Lydia Cacho; la exoneración por un fraude millonario al obispo Onésimo Cepeda y la sentencia que condenó por 12 años de prisión a Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa.
El presidente Felipe Calderón presentó al Senado las ternas para reemplazar a los ministros Aguirre Anguiano y Ortiz Mayagoitia, quienes concluirán su periodo el próximo 30 de noviembre, el mismo día que Felipe Calderón, por lo que, en caso de que alguno de los propuestos sea aprobado por el Senado, iniciará sus funciones en la Corte a partir de diciembre, al mismo tiempo que Enrique Peña Nieto entre en funciones como titular del Ejecutivo.
Esta mañana, en un mensaje a los medios de comunicación pronunciado desde la escalinata de la casa presidencial “Miguel Alemán” en Los Pinos, Calderón dio a conocer que, para sustituir al ministro Aguirre Anguiano, propuso el pasado martes a los magistrados Pablo Vicente Monroy Gómez, Alberto Gelasio Pérez Dayán y Andrea Zambrana Castañeda.
Y para reemplazar a Ortiz Mayagoitia propuso a los también magistrados Manuel Baráibar Constantino; Emma Meza Fonseca y Rosa María Temblador Vidrio.
Las dos ternas propuestas por Calderón tienen la peculiaridad de que todos los incluidos son magistrados federales en la actualidad y llevan cuando menos dos décadas de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Durante el mensaje, el presidente Calderón dijo:
“Revisé, personalmente, sus antecedentes profesionales, sus antecedentes judiciales e, incluso, algunos de sus fallos más relevantes y entrevisté, personalmente, a muchos de ellos”.
Luego de mencionar los nombres, el mandatario leyó los datos curriculares de cada uno de los propuestos, como de qué universidad eran egresados, dónde realizaron estudios posgraduales, las publicaciones que en su caso tuviera cada uno y los diferentes cargos que han ocupado en el PJF.
“Sobresalientes y de “carrera probada”
Entre los propuestos por Calderón, destaca el magistrado Manuel Baráibar Constantino, quien actualmente es presidente del 8° Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal. Es egresado de la Escuela de Derecho de Chiapas y tiene un posgrado en la Universidad de Barcelona.
La trayectoria de Baráibar ha estado ligada al Poder Judicial Federal, donde empezó como actuario, y escaló por la estructura judicial hasta convertirse en magistrado de Circuito.
Fue precisamente en Chiapas, donde Baráibar tuvo uno de sus primeros fallos polémicos en 1996. Siendo juez penal en aquel entonces, su fallo provocó un clima de tensión entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Estado mexicano al punto que originó la suspensión de los Diálogos de Paz, una alerta general en la zona zapatista y campañas internacionales de denuncia a la criminalización indígena por parte del gobierno de Ernesto Zedillo.
En 1995, fueron detenidos los indígenas tzeltales Javier Elorriaga Berdegué y Sebastián Etzín Gómez, acusados de conspiración, sedición, motín y terrorismo. Un juez determinó que eran culpables y, el entonces juez Baráibar, confirmó la sentencia que finalmente, fue echada abajo por un Tribunal de Circuito.
Otro tema espinoso que pasó por las manos del magistrado es el caso de Raúl Salinas de Gortari, cuyas últimas acusaciones fueron conocidas por el mencionado juez, quien las desechó y dicha resolución abrió la puerta a la libertad al hermano del expresidente Carlos Salinas.
Baráibar también fue uno de los dos magistrados que la SCJN designó para investigar las denuncias por violaciones graves a garantías individuales durante los operativos policiaco-militares de San Salvador Atenco y de Oaxaca de 2006.
Y más recientemente fue quien absolvió al obispo Onésimo Cepeda, acusado de fraude procesal por 130 millones de dólares y dejó sin efecto la orden de aprehensión girada contra el jerarca.
En el caso de la magistrada Emma Meza, licenciada en Derecho por la UNAM con posgrado en Derecho Penal, lleva más de 30 años en la PJF, donde ha sido secretaria de Estudio y Cuenta de la SCJN, magistrada de circuito y, como tal, integra el 9° Tribunal Colegiado en materia penal.
Meza fue la que resolvió el amparo que permitió a Joaquín Hernández Galicia,La Quina, abandonar la prisión, detenido en 1989 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En 1996, el primer paso para que éste alcanzara la libertad un año después fue el amparo de Meza Fonseca.
Como juez federal, Emma Meza también conoció el expediente de los acusados por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, ocurrido a finales de 1994 y que desató una polémica por el aspecto de su competencia para juzgar el caso que todavía en 2008, revisaba en la SCJN.
La magistrada formó parte, asimismo, del equipo de investigación de la SCJN por violaciones graves a garantías del gobierno de Puebla a la periodista y activista Lydia Cacho. El resultado concluyó que hubo violación de garantías, pero el pleno desechó el expediente.
Otro magistrado incluido en las ternas es Pablo Vicente Monroy Gómez. De acuerdo con la información dada a conocer por el presidente Calderón, es licenciado en Derecho egresado de la UNAM, con maestría en Democracia y Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Ha sido juez y magistrado de tres tribunales unitarios, y un tribunal colegiado, con 27 años de trayectoria en el PJF. Actualmente, es magistrado de un tribunal unitario de Circuito en Yucatán.
Monroy Gómez fue quien, siendo juez cuarto de lo penal, ubicado en la prisión de Almoloya de Juárez, conoció el caso de Joaquín Guzmán Loera. El 3 de marzo de 1994 dictó sentencia de 12 años contra el capo, quien se fugó, en 2001, del penal de “máxima seguridad” de Puente Grande, en Jalisco.
Emma Meza ya había sido postulada para ocupar el cargo de ministro, pero no consiguió los votos necesarios. Como ella, Alberto Gelasio Pérez Dayán, también fue propuesto en 2011 en sustitución de José de Jesús Gudiño Pelayo, lo mismo que Andrea Zambrana Castañeda, propuesta por Calderón en la famosa terna femenina que fue rechazada por el Senado a finales del año pasado.
En el caso de esta última, durante la votación de aquella terna, apenas alcanzó dos votos, muy lejos de las decenas de votos obtenidas por las otras mujeres propuestas.
Durante su mensaje a medios de comunicación, Calderón destacó que las ternas propuestas están compuestas por magistrados en funciones y con trayectoria en el PJF, es decir, todos son magistrados de circuito.
Respecto a los salientes, Aguirre Anguiano y Ortiz Mayagoitia, expresó:
“A lo largo de sus encargos, destacaron por su compromiso con la verdad, con la justicia y con el Estado de Derecho. Sus aportaciones enriquecieron la labor fundamental de la Corte y contribuyeron a las profundas transformaciones que ha vivido nuestro sistema jurídico en los últimos tiempos, incluso resistiendo, en algunas de sus resoluciones, todo tipo de presiones”.
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